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VALENCIA. El fracaso de la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la participación de empresas en la sanidad pública. La contestación social, bautizada en Madrid como la marea blanca, ha sido clave en el proceso frustrado. Pero, visto desde la experiencia valenciana, la privatización de la parte asistencial -la de servicios funciona externalizada desde hace décadas- tiene condicionantes que van más allá de las protestas de la sociedad o los empleados del sistema. Y el principal es el dinero. 

Paradójicamente, la misma razón que se arguye para privatizar la gestión de hospitales o servicios médicos públicos, la del ahorro de costes, es la que ha provocado el fracaso de intentos previos al de Madrid, y en eso, la Generalitat Valenciana tiene experiencia. A primeros del año 2012 el entonces conseller de Sanidad, Luis Rosado, anunció un ambicioso plan de colaboración público-privada en toda la gestión sanitaria.

Durante un año, y usando de base un informe de la consultora PwC, se buscó la fórmula jurídica que permitiera entregar a manos privadas la gestión del sistema de salud valenciano. Se abrió un periodo de consultas con un reducido grupo de empresas para diseñar el que sería el pliego de condiciones del concurso. Sin embargo, el proceso tuvo dos pegas fundamentales.

La primera fue económica. La Generalitat no solo quería ahorrar gasto. También quería ingresar cerca de 400 millones de euros por un canon de uso de las instalaciones que las concesionarias debían pagar por anticipado. Era una obligación que había impuesto la Conselleria de Hacienda para tratar de compensar el desfase presupuestario.

Las empresas se negaron a pagar ese canon. Sin el ingreso, el plan Rosado-Vela de externalización sanitaria empezaba a fracasar. Las empresas, además, impusieron condiciones económicas que una Generalitat en grave crisis financiera no podía asumir. Esa es la contradicción del proceso privatizador. Se hace, teóricamente, para ahorrar gasto con la premisa de que la gestión privada es más barata, pero las empresas exigen una rentabilidad que solo se consigue con generosas aportaciones públicas. 

EL SISTEMA ALZIRA

Ese fue, de hecho, el primer tropezón de la privatización de la gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana. Lo que se conoce como 'modelo Alzira' surgió con la construcción del Hospital de La Ribera por parte de una UTE participada por Ribera Salud. Ese centro, que gestionaría una empresa privada, se incorporaría al sistema público. El Gobierno autonómico pagaría una cantidad determinada por cada ciudadano adscrito al área sanitaria.

Aquella primera cantidad fue insuficiente. Se modificó al alza y aún así la concesionaria no ganaba dinero. Fue necesario cambiar el modelo. Ya no se trataba solo del hospital. Para que la empresa fuera rentable era necesario que gestionara toda la atención sanitaria de la zona: desde los ambulatorios a los centros de especialidades y el hospital.

Ese modelo se aplicó a otras áreas de salud de la Comunitat Valenciana en la que se construyeron hospitales de nueva planta. Estos procesos de privatización de la gestión sanitaria de distintas zonas del territorio, que incluía el traspaso del personal, se realizó sin excesiva oposición ciudadana. Siempre ha sido puesto en duda por los partidos de la oposición al PP y movimientos en defensa de la sanidad pública, pero ni de lejos ha tenido la contestación que se ha producido en Madrid.

LA CRISIS PARALIZA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

Pero de igual manera que la Generalitat pudo en su día fijar unos precios suficientemente atractivos para que las empresas se interesaran por el sistema público de salud -en realidad solo una empresa, Ribera Salud en alianza con varias aseguradoras, como Sanitas o DKV, lo que ha valido un duro informe de la Comisión de Defensa de la Competencia por falta de concurrencia en los concursos y adjucaciones posteriores- la crisis ha paralizado la aplicación del sistema.

Cuando fracasó el intento de privatizar la gestión impulsado por Rosado, el nuevo conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ya adelantó que la racionalización del gasto en la sanidad se haría de forma interna. Es decir, no habría privatizaciones en la parte asistencial, como sí se preveía inicialmente. Lo que sí se afrontó fue una agrupación de otros servicios para lograr mejores precios. 

De igual manera, la crisis también ha paralizado la construcción de nuevos hospitales, esencia del modelo Alzira. Solo hay dos centros en construcción: el de Gandia, que debe sustituir al vetusto edificio actual, y el de Lliria, un edificio casi acabado y tapiado por la propia Generalitat porque no puede ponerlo en funcionamiento por falta de dinero. Fondos que tampoco existen para pagar a una empresa que los ponga en marcha en plan 'modelo Alzira modificado', es decir, cediendo el inmueble. 

LAS RESONANCIAS

La crisis, además, también ha puesto la lupa sobre cada euro que gasta la administración. Y precisamente en el capítulo de las externalizaciones sanitarias hay un elemento de polémica: las resonancias magnéticas. Fue la primera privatización que puso en marcha Eduardo Zaplana y le sigue rodeando la polémica. Primero por el adjudicatario, una persona vinculada al PP. Segundo por el coste.

La Sindicatura de Comptes hizo un informe sobre ese servicio de resonancias y el coste que tenía para las arcas públicas y llegó a la conclusión de que sería más barato para la Generalitat hacerlas en el sistema público de salud de lo que le paga a Erescanner, la concesionaria. Llombart se ha comprometido a revisar esa concesión pero la posibilidad de rescatarla es remota.

Aunque la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana sigue siendo universal y gratuita, lo cierto es que los valencianos conviven desde hace tiempo con un modelo en el que la gestión privada está presente en centros de salud, hospitales y en procesos médicos concretos. Si no ha ido a más es porque la crisis lo ha impedido.