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VALENCIA (EP). La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de 38 imputados en el caso de 'Terra Mítica', en el que se han investigado presuntos delitos contra el patrimonio, la hacienda pública y falsificación durante la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante), al rechazar los últimos recursos presentados por tres grupos de procesados: directivos; aquellos a quienes se imputa la confección de facturación falsa y otros considerados como cooperadores en el fraude.

Así consta en un auto de 21 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en un caso en el que ya Fiscalía ha elaborado sus calificaciones provisionales y en el que falta que se dicte la resolución de apertura de juicio oral. Varios de los acusados reclamaron la nulidad del procesamiento al reprochar una "falta de motivación" de esta decisión.

La sala, tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende que la resolución en la que instructor decidió incoar procedimiento abreviado contiene un relato de hechos punibles "que viene a coincidir con los hechos ya descritos en la querella inicial y ulteriores ampliaciones" por lo que los imputados "fueron debidamente informados" con carácter previo a tomarles declaración y contiene asimismo una relación de personas contra las que se dirige la imputación.

El tribunal admite que la resolución "no entra en el detalle propio" de otros momentos procesales --como sí ha hecho el escrito de acusación del fiscal-- "en cuanto a las concretas facturas cuya falsedad se imputa a cada una de las personas" relacionadas en ella "pero no es menos cierto que sitúa la posición de cada una (y de sus empresas) dentro del entramado delictivo" y "sitúa igualmente de una forma cronológica la intervención de cada una de dichas personas y empresas".

Por ello, entiende que el relato de hechos punibles del auto es "suficiente desde el punto de vista del derecho de los recurrentes" por lo que no procede la nulidad. En cuento a la alegación de falta de motivación por no expresar los indicios de criminalidad apreciados para cada imputado, la sala apunta que en la resolución recurrida esa exigencia de motivar está "generalmente cumplida" con la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se imputan.

DIRECTIVOS DEL PARQUE

Así, en cuanto a los recursos del que fuera director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón, y del director general del parque, Miguel Navarro, considera que está justificada la continuación del procedimiento y sostiene que será en el juicio oral donde se determine su responsabilidad.

Sobre Rincón, señala que el hecho de que su firma fuera requisito ineludible para el cobro de las facturas que se tachan de falsas, el elevado número de ellas y su alto importe, "justifican indiciariamente el mantenimiento de la imputación".

Del segundo, cree justificada su presencia en el procedimiento dado que ocupaba un alto cargo en el organigrama del parque, que autorizaba con su firma --junto con otros responsables-- las facturas que emitían las proveedoras, que firmó un elevado número y que supuso un elevado volumen económico de obras que se facturó y pagó si haberse ejecutado, de acuerdo con la imputación.

DENUNCIA DE 2005

Los hechos que han dado lugar al procedimiento se remontan a noviembre de 2005 cuando Fiscalía del TSJCV, tras una denuncia de la Agencia tributaria, presentó denuncia inicialmente contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica y 25 personas físicas por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA mediante la falsificación de facturas, por valor de 4.421.310 euros.

El pasado año el instructor dictó auto poniendo fin a la investigación al concluir que existían suficientes motivos de criminalidad para seguir la causa contra los primeros directivos del parque, el presidente, Luis Esteban; Navarro, Rincón y el exjefe del departamento de contratación, Justo Valverde.

El resto son responsables de distintas mercantiles, contratas y subcontratas que supuestamente facturaron al parque por servicios que nunca llegaron a prestar. El fiscal pide provisionalmente siete años de cárcel para Esteban y otros diez para cada uno de los otros tres responsables. A los 34 responsables de hasta 25 mercantiles solicita multas y penas de prisión que van desde los cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses.