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VALENCIA (EP). Ana Tamarit, técnico del servicio de Gestión Administrativa y Asistencia Jurídica en la extinta Conselleria de Solidaridad desde principios de 2008, ha explicado que tras saltar a la prensa el 'caso Cooperación', el entonces conseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, les reunió y les pidió que firmaran un documento en el que se exponía que todo estaba correcto y que no había ninguna irregularidad. En ese momento, también les dijo que si alguien pensaba lo contrario, que lo manifestara. Así, ha comentado que "hubo gente" que no firmó ese escrito.

Tamarit se ha pronunciado en estos términos en su declaración en calidad de testigo en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes en 2008 para dos proyectos en Nicaragua por importe de 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron 43.000 euros a su destino.

La testigo ha comentado que tras publicarse en prensa presuntas irregularidades en torno a la Fundación Cyes, Blasco les reunió y les dijo que él personalmente no tenía conocimiento de las mismas porque no llevaba el seguimiento de todos los expedientes, y les indicó que habría que firmar un documento en el que los técnicos y trabajadores explicaran que el funcionamiento y el trabajo en la consellera era "correcto" y que los expedientes no contenían ninguna irregularidad, a no ser que alguno manifestara lo contrario. "Y hubo gente que no firmamos", ha apuntado.

Además, la testigo --a quien las defensas han intentado restar imparcialidad por su trabajo previo en ONGs y por su relación con una persona militante del PSPV--, tras salir la información en la prensa ha expuesto que hubo dos reuniones entre las jefas de servicios con los técnicos y funcionarios en las que se les comunicó que era "inadmisible" que se hubieran filtrado documentos a los medios de comunicación y que se iba a investigar.

Tras ello, Tamarit, quien ha expuesto que justo antes de entrar en la conselleria trabajaba en Fundar --entidad que también recibió subvenciones de la conselleria--, ha explicado que tanto a ella como a dos personas más les quitaron expedientes y parte del trabajo que hacían y les negaron el acceso a la base de datos: "después nos lo dieron pero con restricciones". "Nos dijeron que era el director general --Josep María Felip-- quien había dado esa orden", ha agregado.

"NO ERA HABITUAL"

Sobre estos mismos expedientes de la Fundación Cyes, ha comentado que parecía que había "interés" de Blasco y del entonces jefe de área Marc Llinares en que se aprobaran estos proyectos. Asimismo, ha señalado que en este caso hubo algo que no era habitual en la tónica de la conselleria, y es que fue la entonces secretaria general Tina Sanjuán la que remitió los proyectos a la evaluadora, cuando normalmente lo hacía Teresa Clemente.

Una vez fueron adjudicados los proyectos, se le encargó a la técnica Eva Solaz la reformulación de los mismos. Y ha explicado que "despachaba" con Llinares, mientras que lo normal es que lo hiciera con la jefa de Servicio. Asimismo, ha señalado que "durante la vida del proyecto, los expedientes estaban en el despacho de Llinares, y no era habitual", ya que "normalmente estaban en el archivo o bien cada técnico lo tenía en las estanterías", ha apostillado.

Cuando Solaz hizo un informe en el que detectó una serie de "irregularidades" en relación, fundamentalmente, con la compra de inmuebles, ha explicado que "fue apartada" de los proyectos.

OTRO EVALUADOR

Por su parte, Fernando Baroja, otro de los evaluadores que examinó si la Fundación Cyes cumplió y justificó correctamente las ayudas de las subvenciones, ha indicado que tal y como constaba en las facturas y certificados a los que tuvo acceso, una "buena parte" de las subvenciones correspondía a la adquisición de inmuebles, aunque no constaba la adscripción de los mismos al proyecto subvencionado, tal y como se exigía por ley.

Asimismo, el testigo, quien ha aseverado que la contabilidad en la fundación no estaba clara, ha detallado que de las dos subvenciones otorgadas por la conselleria, "casi un millón de euros fue destinado a inmuebles y a sus reformas. Otros 416.000 euros a facturas de Arcmed; unos 130.000 euros a otra factura; y 76.000 euros al gasto de personal de la fundación. Lo que iba a llegar a Nicaragua iba a ser alrededor de 60.000 ó 70.000 euros", ha dicho.

Además, Baroja ha comentado que parte de la documentación que constaba en la Fiscalía relativa a los informes que elaboró respecto a la fundación no es suya y no la ha hecho él, pese a constar en los documentos su sello.

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