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VALENCIA (EP/VP). La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha reiterado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la petición de dos magistrados más para el organismo ante el volumen "ingente" de trabajo al que se enfrentan diariamente. Ha resaltado que actualmente trabajan al 150 por ciento, y ha confiado en que el Consejo "vele" porque la justicia "funcione de forma rápida y eficaz".

Así se ha pronunciado Pilar de la Oliva en declaraciones a los medios de comunicación en un receso de la reunión que mantenía con el conseller de Justicia, Serafín Castellano, y la vocal del CGPJ, Carmen Llombart, con motivo de la Comisión Mixta celebrada en el tribunal valenciano.

El TSJCV ya reclamó hace unos meses al CGPJ jueces de refuerzo ante el aumento de asuntos que tramita, algunos de ellos muy voluminosos, como son el 'caso Cooperación', en el que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a ONGs; el 'caso Gürtel', con seis piezas, de las que cinco permanecen en fase de instrucción; o el 'caso Brugal', en el que se investigan presuntas ilegalidades en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU).

De esta petición, el CGPJ aprobó un refuerzo para la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que viene de la Audiencia Provincial, mientras que en la actualidad queda por resolver la petición de otros dos magistrados más para el tribunal, sobre los que Llombart ha indicado que "estaban pendientes de una información de datos que ya se han enviado, y está pendiente de resolverse en el Consejo", ha dicho.

Mientras esto se apruebe, De la Oliva ha indicado que "claro" que seguirán insistiendo en estos dos magistrados, ya que ha recordado que los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal trabajan al "150 por ciento", y las causas "van saliendo, pero...". Y ha agregado: "el Consejo siempre velará porque la justicia funcione de forma rápida y eficaz".

Por otro lado, y dentro del funcionamiento del tribunal, el conseller ha anunciado que este año comenzará las obras de reforma en el TSJCV, "empezando por el tema de las humedades de la parte de arriba del edificio, que es la que está en peores condiciones", ha señalado.

Al respecto, al ser preguntado por si hay un proyecto definido y por los plazos, ha indicado que está presupuestado para este mismo año en el Plan de Infraestructuras de Sedes Judiciales que se puedan iniciar las obras, y se dará "prioridad" -ha agregado- la parte de arriba del edificio por los problemas de humedades y para sanear la andana.

Asimismo, ha señalado que irán pasando los planos al TSJCV según las fases de rehabilitación, para que los vayan estudiando y vayan marcando las prioridades por el uso de espacios y las fases a ejecutar. Preguntado por si las viviendas oficiales de la presidenta del tribunal -quien renunció desde el principio a residir allí- y del fiscal superior se van a destinar a otros usos, ha comentado que están haciendo un proyecto de reforma con un valor global de poco más de 10 millones de euros, y todas las fases "se van a priorizar de acuerdo con el TSJCV", ha repetido.

Además, dentro de las reformas de edificio judiciales, Castellano ha apuntado que se llevará la ejecución de las obras del edifico de Alcoi (Alicante), para el que hay presupuestado un millón de euros; acabar las obras de la Audiencia Provincial de Alicante; e iniciar las del Palacio de Justicia de Benalúa; además de otras obras de mejora contempladas para la Ciudad de la Justicia.

OFICINAS DE PRESENTACIONES Y JUZGADOS PENALES

Por otro lado, Castellano ha avanzado que también se van a poner en funcionamiento "en breve" las Oficinas de Presentaciones en las localidades alicantinas de San Vicente y Torrevieja; y ha afirmado que intentarán mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados de lo Penal de Alzira, Paterna y Torrent (Valencia); y también de Torrevieja, que "tiene otro tipo de problemáticas", ha apostillado.

En este ámbito, ha señalado que la Sala del TSJCV ha aprobado que las ejecutorias penales de Alzira pasen, a partir del 1 de abril, a la capital de la provincia en Valencia, y se está estudiando una nueva ubicación en el edificio del juzgado de lo Penal de Alzira.

Asimismo, se está estudiando -ha añadido el conseller- una redistribución territorial de algunos municipios asignados al partido judicial de Nules (Castellón), para que puedan pasar a depender del partido de Villarreal: "hemos quedado en que haremos un estudio para equilibrar las cargas de trabajo de ambos partidos judiciales tras la inauguración del nuevo Palacio de Justicia".

No se trata, tal y como ha puntualizado Castellano -quien ha recordado en el primer semestre la Conselleria ha hecho una inversión de más de 700.000 euros con un refuerzo de 52 funcionarios para órganos judiciales de la Comunitat-, de partidos judiciales ni de ley de planta ni de demarcación judicial, si no que por cargas de trabajo hay una propuesta de redistribución de cargas de trabajo desde punto de vista territorial.

Junto a estos asuntos, De la Oliva ha avanzado que plantearán a la conselleria un aumento de la plantilla del gabinete psicosocial, que trata cuestiones de derecho de familia; y un refuerzo de plantillas para los Registros Civiles, que con cuestiones de nacionalidades "estaban un poco atrasados", ha puntualizado.

AUTORIDADES EN 'CASO NÓOS'

Por otra parte, preguntado Castellano por la "polémica" que hubo en torno a las declaraciones del 'caso Nóos' en la Ciudad de la Justicia de Valencia hace un par de meses, en la que diferentes autoridades entraron por puertas diferentes a la principal pese a las instrucciones dadas por el Decanato de Jueces, ha comentado que no hay ninguna polémica, y ha dicho que las relaciones entre Conselleria y la Sala de Gobierno funcionan "con normalidad": "Estamos trabajando con perfecta coordinación y dando soluciones a los problemas más acuciantes".

Por último, preguntado el conseller por las filtraciones de facturas y otros documentos de la Generalitat, ha contestado que el Consell "ha hecho lo que ha creído conveniente, que es abrir una investigación, y cuando finalice ya podremos decir o concluir lo que realmente haya podido pasar", ha aseverado.