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VALENCIA. La Universitat de València ha decido dar un paso adelante y cumplir con la amenaza de exigir a la Generalitat Valenciana, por vía judicial, parte de los atrasos que le debe. La intención inicial de las cinco entidades académicas públicas de la Comunitat Valenciana era acudir de forma conjunta y no es que la entidad cinco veces centenaria haya decidido hacer la guerra por su cuenta: al tener cada una su propia personalidad jurídica deben hacer la reclamación de manera independiente.
Los centros de educación superior valencianos no pueden exigir toda la deuda por la vía judicial por varios motivos. En primer lugar, al formar parte de la administración, tienen que agotar primero la vía administrativa. Luego, sólo puede solicitar cantidades relacionadas con la llamada deuda histórica que, en 2008, la Generalitat se comprometió a abonar (en plazos anuales hasta 2022) pero que no lo ha hecho por culpa de la crisis. Eso obligó a una renegociación en 2011 y no está claro si en 2014 la administración podrá hacer frente a sus obligaciones (las cantidades acordadas no están presupuestadas).
APENAS EL 3%
Teniendo en cuenta la deuda de la administración valenciana (que asciende a unos 254,47millones de euros) la cantidad reclamada por la Universitat parece casi simbólica: 7,66 millones (apenas el 3%). Sin embargo, es lo máximo que la institución que dirige Esteban Morcillo puede reclamar por esta vía, al menos de momento.
La decisión de acudir a los tribunales se adoptó de forma conjunta en una reunión de la Conferencia de Rectores Valencianos pero, al no ser posible, cada entidad lo hará por su cuenta. Sin embargo, parece que no hay prisa (prefieren negociar) aunque en la próxima reunión del organismo, el próximo 20 de enero con el conseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, podría haber novedades y el resto de rectores podría seguir los pasos de Morcillo.
EL RESTO LO PIENSA
La deuda total con la Universidad Politécnica de Valencia asciende es de 55,39 millones. La institución no ha calculado cuánto podría exigir en los tribunales y según fuentes oficiales, tampoco tienen claro si lo hará. "Lo estamos valorando", señalan.
Desde la Universidad Jaume I de Castellón reclaman a la Conselleria de Educación 25,44 millones de euros por distintos conceptos. "El planteamiento de la universidad es negociar, pero no se descarta emprender acciones legales si el resultado no se ajusta a la satisfacción de nuestros derechos", apuntan desde la institución.
Por lo que respecta a la Universidad de Alicante, tienen pendientes de cobrar 47 millones de euros. "De momento no se ha decidido si se planteará o no el requerimiento sobre la deuda y los intereses por ella generados. Tenemos toda la documentación preparada pero sigue en estudio", apuntan. Por último, la Universidad Miguel Hernández tienen pendientes 81 millones y espera a lo que se acuerde en la reunión del próximo día 20 para tomar una decisión.
EL PROBLEMA DE LA UNIVERSITAT
Lo más llamativo de la cantidad que quiere cobrar la Universitat vía judicial es que refleja lo caro que resulta no cobrar: deuda que genera más deuda. La reclamación se refiere casi en su totalidad a los intereses y las comisiones por las pólizas de crédito y el gasto que genera el cobro mediante confirming entre 2010 y hasta febrero de 2013. La cifra total es de 5,71 millones de euros.
A esto hay que sumar los intereses legales de demora que la Universitat ha tenido que pagar a terceros por no haber podido satisfacer sus compromisos económicos a tiempo. Otro 1,93 millón de euros. Y, finalmente, hay que sumar otros 10.407 euros por gastos de notaria. Así salen los 7,66 millones de euros que la Universitat ha tenido que pagar para poder cobrar, un excelente metáfora de la situación económica de las universidades valencianas.
TODA LA DEUDA
Aunque cuando se habla de la deuda de las universidades se piensa automáticamente en la Conselleria de Educación, a esta contribuyen más actores. Es cierto que la mayor parte tiene su origen en la avenida Campanar (25,66 millones), pero hay más implicados. A la Universitat de València, por ejemplo, el resto de consellerias le deben 1,61 millones (el 0,61% del total), y la mayor parte corresponde a la de Sanidad (1,06 millones) por impagos relacionados con el personal de los hospitales universitarios.
También hay ministerios que no pagan y, en total, adeudan una cantidad de cerca de 5 millones de euros. La mayor parte, lógicamente, corresponde al de Educación (3.1 millones). Y de la Comisión Europea faltan por llegar 0,81 millones. A la cifra total hay que sumar otros 7,31 millones de distintos deudores. Así, le deben un total de 267,6 millones de euros.
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