Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EP). El ex director general de la extinta Conselleria de Solidaridad, Josep María Felip, ha seguido la estrategia de defensa del exsubsecretario Alexandre Català y se ha escudado en el "principio de confianza y de buena fe" para firmar los certificados de cierre de expedientes de la Fundación Cyes. Así, ha detallado que solo hizo de "correa de distribución" de estos textos puesto que confiaba en el trabajo de los técnicos y funcionarios. 

Asimismo, ha defendido la gestión del exconseller y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, y ha resaltado --al igual que Català-- que éste les pidió que exhibieran toda la documentación "en aras de la transparencia".

Felip se ha pronunciado en estos términos en su declaración como acusado en la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que le piden 10 años de prisión y 27 de inhabilitación para empleo o cargo público por presunto fraude en la tramitación de ayudas a la Fundación Cyes. El acusado tampoco ha querido contestar a las preguntas de las acusaciones, haciendo "suyos" los pasos de Català, quien le ha precedido en el turno de palabra.

El ex director general ha explicado que se incorporó a Dirección General de Cooperación el 3 de mayo de 2010, después de que se lo pidiera Blasco. En concreto, ha explicado que nunca antes había tenido contacto con el mundo de la cooperación, pero como se lo pidió el entonces conseller, lo hizo.

En este sentido, ha expuesto que fue una decisión "tomada por el conseller", quien le indicó que la hasta ese momento directora había planteado su dimisión por motivos personales y le requirió que se hiciera cargo del departamento. Cuando aceptó no mantuvo ninguna reunión con su predecesora con lo que entiende que el traspaso de funciones fue "anómala".

A su llegada a la Dirección General, ha explicado que ya se habían tramitado y gestionado las ayudas concedidas a la Fundación Cyes -se le otorgaron 1,6 millones de euros en subvenciones para proyectos en Nicaragua de los que solo 43.000 euros llegaron a su destino--, con lo que él se limitó a hacer un certificado "de trámite", a ejercer de "correa de distribución". Ha indicado que los expedientes "ya estaban cerrados --administrativamente--", y que él firmó unos certificados para trasladarlos a su fiscalización.

"Es un mero certificado de traslado -ha agregado--, ya que ha terminado la fase de justificación del expediente y el trámite de reintegro, y hay que pasarlo a la fase siguiente. Es un mero acto de traslado", ha insistido. "Acto reglado, acto firmado", ha aseverado, al igual que ha indicado que firmó los certificados "por principio de buena fe y confianza" en los técnicos que habían gestionado los expedientes. Los certificados "ni generaban ni quitaban derechos", ha apostillado.

Cuando firmó estos certificados, ha indicado que nadie le advirtió de que podía haber irregularidades, y ha dicho que tampoco recibió ninguna orden ni ninguna instrucción para firmarlos. Al asumir su cargo, ha expuesto que mantuvo una reunión con los distintos jefes --de área, servicio y sección-- y les preguntó si había alguna cuestión en trámite por la que tuviera que estar preocupado, a lo que le contestaron que "no". "Me dijeron que todo era correcto", ha dicho.

"CONMOCIÓN"

Cuando salió a la luz pública la presunta trama en relación con las subvenciones, Felip ha indicado que en la conselleria hubo una "conmoción" porque "se habían vulnerado las mínimas garantías de custodia de documentos públicos -ya que una parte de ellos se había publicado en la prensa--.

Asimismo, se convocó una reunión -ha agregado-- en la que Blasco les pidió que se exhibieran los expedientes y se dieran "todas las explicaciones" a ONGs, políticos y medios de comunicación. "La orden del conseller era transparencia y respuesta política", ha agregado.

Así, y en base a estas premisas, ha explicado que llamó al representante de Compromís, Enric Morera, a la de EUPV, Marga Sanz, y al PSPV, aunque sobre este último partido ha dicho que no le cogieron el teléfono. De esta forma, "todos menos el PSPV" se personaron en la conselleria para ver los documentos. Después "quedaron custodiados en un despacho, en un pequeño armarito".

NO SABÍA QUE EXISTÍA TAURONI

Felip ha apuntado también que conoció al considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, a primeros de octubre de 2010, "y por una circunstancia total y absolutamente ajena a los expedientes Cyes". "Nunca antes sabía que existía este señor", ha apuntado. "Y después, por el embrollo que se monta, el conseller me ordenó la coordinación entre los abogados afectados por las informaciones que se estaban publicando, y ahí tuve que relacionarme con Tauroni", ha dicho.

Así, el ex alto cargo ha señalado que desconocía de que las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes pudieran haber tenido relación con Tauroni, y ha dicho que como no lo conoció hasta octubre de 2010, nunca escuchó que se pidiera un trato de favor con él. "Desconozco sus relaciones antes en la conselleria", ha afirmado.

SOLICITÓ EL CESE DE LLINARES

Por otro lado, se le ha preguntado si solicitó a Blasco el cese del ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, a lo que ha respondido que "sí", y fue -ha explicado-- en relación con un "problema de seguridad en la garantía de los documentos públicos". Así, ha señalado que era él el responsable de custodiar los escritos, y como aparecieron en prensa, pidió su cese a Blasco. El exconseller en ese momento le dijo que se "dejara de historias", que lo fundamental era "dar respuesta a la situación".

Por último, al igual de Català, Felip ha hecho referencia a la asistencia que le prestó la Abogacía de la Generalitat en el procedimiento, sobre lo que ha dicho que una vez los hechos fueron denunciados ante el Tribunal de Cuentas, contactó con la Abogacía para que su defensa. De esta forma, ha indicado que se reunió con miembros de este departamento y les dio unos documentos y notas sobre los hechos. Por este tema, su abogado pide apartar a la Abogacía del proceso, puesto que entiende que no puede ejercer de defensa y de acusación -ahora ejerce de acusación particular--.