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La suspensión de pagos plantea qué hacer en caso de quiebra 

VALENCIA (A. MOHORTE). La declaración de concurso de acreedores por parte del cementerio privado Parque San Jaime de Ribarroja y la denuncia presentada por una familia contra la empresa por un presunto delito de estafa y de alzamiento de bienes por no informarles de esta decisión ha evidenciado las grietas de este negocio a causa, también, de la crisis.

Tras más de 20 años de actividad, esta opción, que prometía unos servicios superiores a los que se ofrecen en los camposantos públicos ha enfrentado a algunos de quienes confiaron en esta alternativa y a sus deudos al hecho de que toda empresa, desarrolle la actividad que desarrolle, también se ve expuesta a los vaivenes que afectan al resto.

Actualmente, dos empresas ofrecen esta alternativa de enterramiento, se trata de Parque San Jaime y de Parque de la Paz. Nacidas prácticamente al mismo tiempo y orientadas a un público de clase media alta y alto poder adquisitivo, han desarrollado diferentes modelos de gestión con resultados distintos. Mientras Parque San Jaime atraviesa un mal momento económico, desde Parque de la Paz se asegura estar "capeando el temporal" sin problemas significativos, como reconoce su responsable Alejandro Pérez.

¿QUÉ PASA SI EL CEMENTERIO CIERRA?

Aunque no hay en España experiencias de cierre de cementerios privados, la Ley valenciana de policía mortuoria se puede aplicar en el caso de recurrir a esta opción y fija unas exigencias. Además, la experiencia en el traslado de cementerios públicos municipales ha fijado un protocolo que, sin ser idéntico en todas partes, se emplea para no herir susceptibilidades.

En el caso de que se produjera la liquidación y extinción de la empresa gestora y no se encontrara un comprador que la relevara, tendría que pasar un mínimo de 10 años desde el último enterramiento para desocupar la parcela. Aunque hace unos años el propio Parque San Jaime consiguió la recalificación para uso industrial de parte de su suelo, situado junto al Polígono Industrial El Oliveral, la operación se pudo realizar al no estar en uso ese espacio.

En todo momento interviene en el proceso la Conselleria de Sanidad y según distintos expertos jurídicos en urbanismo consultados, podría intervenir el ayuntamiento de la zona en la que se encuentra ubicado, al ser la autoridad que, por competencias y capacidad, tiene capacidad de asumir el proceso de traslado.

UNA MUDANZA EN CONDICIONES ESPECIALES

En el caso de los cementerios de gestión pública, cada consistorio hace uso del reglamento que, por medio de edictos municipales, acuerda la "monda y traslado" de los restos, con un amplio periodo para la presentación de alegaciones. Transcurrido ese plazo, se hace pública la fecha y se procede a contactar con una funeraria para proceder a las exhumaciones y traslados.

Antes de ejecutar la medida, se cita a los posibles familiares por si quieren estar presentes. "Es un tema muy sensible y es mejor pecar por exceso que por defectos", comenta un responsable municipal que realizó un traslado en una localidad valenciana. Esto explica que estos procesos sean normalmente largo y se ofrezcan alternativas incentivadas para favorecer el traslado antes de completarse los plazos.

A medida que se avanza en la intervención de las líneas en las que se divide el espacio, se vuelve a notificar a las familias afectadas que han podido ser localizadas. En el caso de no poder ser localizadas, se suele proceder a etiquetar los restos no demandados y conservarlos en columbarios para un periodo superior de tiempo, por si los familiares conocen la medida con retraso.

ATÍPICA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

La mayoría de la población opta por la opción de un cementerio público, en el que los enterramientos se realizan a través de la segregación de suelo público que, en caso del Cementerio General de Valencia, no puede exceder los 100 años. Actualmente se ofrecen alquileres que pueden ser a cinco, 20 o 100 años, en función de la póliza del asegurado o la voluntad y capacidad de los herederos.

Sin embargo, en el caso de Parque San Jaime se optó, en sus inicios, por la segregación de parcelas, como se haría en una promoción inmobiliaria, mientras que en Parque de la Paz se prefirió la cesión de derecho de uso a perpetuidad. Esto explica la denuncia de los clientes en el caso de Ribarroja que, como copropietarios, se consideran ignorados injustamente por la empresa en su toma de decisiones.

La diferencia entre un modelo y otro de gestión de estos servicios privados va más allá de este aspecto y explica, según Pérez, la diferente situación que atraviesan. Así, Parque San Jaime optó por la opción de los nichos tradicionales, mientras que Parque de la Paz siguió un modelo más americano de cementerio jardín.

DOS OPCIONES, DOS RESULTADOS

"Al llegar la crisis, hemos notado la dificultad en la captación de nuevos clientes, pero mantenemos la fidelidad de las familias que conservan un vínculo afectivo con el lugar, lo que ha hecho que no repercuta en la demanda", asegura Pérez. Desde la competencia atribuyen esta situación dispar a los cambios en la propiedad que podría haber provocado una estrategia errática. 

A la hora de comercializar, el de Ribarroja se centró en la venta a través de los canales funerarios tradiciones, mientras que su competidor se ha caracterizado por una gestión comercial más proactiva, incidiendo en el cliente final de forma directa, lo que permite mayor capacidad de negociación frente a las aseguradoras y funerarias respecto a los costes.