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VALENCIA (EP). La ex secretaria general de la extinta Conselleria de Cooperación, Tina Sanjuán, a quien el fiscal le reclama 13 años y medio de cárcel y 32 de inhabilitación en la pieza relativa a la presunta irregularidad en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes dentro del 'caso Cooperación', ha afirmado este martes durante su declaración en el juicio que el extitular de este departamento y acusado, Rafael Blasco, dijo en la reunión del 31 de julio de 2010 donde se debían aprobar las subvenciones a grandes proyectos y en la que los técnicos se negaban a firmar el acta, que él era el "intérprete" de las bases de la convocatoria, junto con el entonces subsecretario Alex Català. 
Sanjuán, a preguntas del fiscal, ha señalado que en esa reunión el exconseller avisó de que iba a revisar "durante el verano" todos los expedientes de los que se había encargado el equipo que rechazaba firmar. "Me vais a subir todos los expedientes", afirma que dijo Blasco, aunque asegura no entender "por qué tenía que revisar expedientes administrativos" ya que "tampoco se iba a enterar mucho".
La ex alto cargo ha explicado que la negativa a tramitar el acta en la comisión evaluadora del 31 de julio obedecía a que se ponían objeciones en cuanto al requisito exigido de experiencia previa en el caso de la Fundación Cyes. Con anterioridad, cuando supo de las reticencias y ante la premura de tiempo, sugirió que se enviaran a evaluar de forma condicionada, aunque no sabe quién lo presentó a evaluar, y también un informe a la empresa evaluadora externa de los proyectos, la UTE Caaz-Broseta. Preguntada por si no le bastaba la objeción planteada por la técnica, ha afirmado que "no" porque ella como miembro de la comisión "debía tener opinión en materia administrativa".
En ese momento, no pensó en acudir a la Abogacía de la Generalitat. "Hoy se lo habría pedido pero el tiempo se nos echaba encima. Nos decían que no nos íbamos de vacaciones hasta que no quedara solucionado y lo primero que se me ocurrió fue pedirlo a la evaluadora externa", ha dicho.
En este caso, ella sostenía que el informe jurídico que había requerido a la empresa evaluadora tenía valor y además la Fundación había dicho que iba a aportar esa acreditación, lo que se hizo a principios de agosto.
La ex secretaria general ha declarado no acordarse de quién le comunicó a Blasco que no se quería tramitar el acta el 31 de julio y ha añadido que el exconseller les llamó a una reunión para saber los motivos, donde se habló de la cuestión de la experiencia de la Fundación y en los que afirmó lo de la revisión de los expedientes. Según ha declarado, el extitular de Cooperación les hizo notar que era el último día y que el dinero de las subvenciones se perdería. "Mi obligación era que eso saliera", ha argumentado.
"SE ES MUY LAXO CON LOS REQUISITOS"
Preguntada entonces por si había tiempo para que la Fundación Cyes aportara la documentación, ha defendido que en materia de Cooperación, "se es y era muy laxo con los requisitos. Ser era tan laxo que no se cerraban expedientes. Había expedientes desde 1991, desde que empezó la cooperación en la Generalitat". La acusada ha descrito la situación como de "manga por hombro", ha dicho que los plazos no eran "taxativos", y ha resumido: "no se puede ser (laxo) pero se es", por la sensibilidad de la materia y la complicación, si bien ha especificado que "no en el sentido de dar el dinero a troche y moche".
Cuando llegó la acreditación de la experiencia por parte de la Fundación Cyes ella estaba de vacaciones y volvió a la Conselleria en la que, tras varias llamadas a los técnicos, se señaló que no había problema en la tramitación.
"NO ESA CHAPUZA"
El fiscal ha centrado parte de su interrogatorio en diferencias entre documentación aportada en la causa donde constan escritos en los que se incluye y se eliminan objeciones realizadas por parte de una trabajadora de la empresa evaluadora externa y por las diferencias sobre la acreditación previa de la Fundación en los informes. La acusada no ha podido explicar los motivos pero ha apuntado que "errores" hay "en todas" las administraciones y ha recalcado: "si hubiéramos querido falsificar en la Conselleria, lo habríamos hecho bien. No esa chapuza".
Tina Sanjuán ha defendido que ella solo recibió uno de los documentos, en sobre cerrado, y ha negado que el responsable de la empresa evaluadora externa, Luis Castel, se lo mandara por correo, como él ha declarado. De hecho, asegura que la prueba documental determina que el informe que ella tuvo se hizo en Caaz y ha instado a realizar estas preguntas al representante de la entidad.
En esta línea, ha defendido que a la Comisión evaluadora les llegó un ranking con la propuesta y cantidades por qué la técnico "dijo una cosa y su jefe presenta otra por registro de entrada no los sabemos". En todo caso, ha asegurado que a la Conselleria no le consta que se haya alterado ningún contenido. ¿Usted está viendo que se ha alterado?, le ha preguntado el fiscal. "Eso lo está diciendo usted", ha dicho.
Sanjuán ha explicado su participación en la comisión técnica como representante de la subsecretaría aunque ha reconocido que del estudio de los proyectos se encargaba la Dirección General. Preguntada por qué participó si no era su competencia, ha resaltado que ella se ocupaba de determinar el cumplimiento de los requisitos y como tenía dudas, pidió un informe a Caaz, y se reclamó la acreditación a la Fundación.
LA FUNDACIÓN CYES NO DEVOLVIÓ EL DINERO
Asimismo, ha indicado que los cuatro inmuebles que compró la Fundación Cyes "no fueron admitidos nunca por la Conselleria" cuando se comprobó que no figuraban a nombre de los beneficiarios aunque tampoco le consta que la entidad devolviera el dinero de la ayuda. "No devolvió el dinero, es evidente", ha dicho.
La ex alto cargo, que ha rechazado contestar a las preguntas de la acusación popular y de la Abogacía de la Generalitat, ha explicado que trabajó con el exconseller Rafael Blasco desde 1999 en la Conselleria de Empleo y hasta 2011 en la extinta Conselleria, siempre con el cargo de secretaria general administrativa y que conoció al empresario acusado Augusto César Tauroni, único en prisión y considerado presunto cabecilla de la trama, como contratista de la administración y cuando estaba en Bienestar Social.
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