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VALENCIA. Un grupo de 205 fiscales firmantes, entre los que se suman asociados a las tres asociaciones profesionales y no asociados, se ha dirigido a Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, a través de una carta fimada colectivamente para transmitirle "el grave perjuicio que el nuevo régimen de sustituciones en la carrera fiscal puede ocasionar no tanto a los fiscales sino al servicio público y al ciudadano".

"CARTA ABIERTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Excmo. Sr.:

Mediante la presente comunicación es nuestra voluntad hacerle llegar nuestra iniciativa en relación con la situación derivada del nuevo régimen de sustituciones en la carrera fiscal. Esta iniciativa ha surgido en el Foro de Fiscales en Facebook. El Foro de Fiscales, que cuenta ya con más de 600 miembros, constituye un grupo profesional y un punto de encuentro abierto a todos los fiscales, asociados o no, con el fin de responder a la creciente demanda de un lugar común en el que todos los fiscales puedan comunicarse de modo ágil, libre y respetuoso sobre los principios de respeto mutuo y con la única finalidad de hacer confluir todas aquellas iniciativas, debates o cuestiones de interés profesional de toda la carrera. En el Foro de Fiscales esta comunicación sobre el régimen de sustituciones ha tenido el apoyo de más de 200 fiscales, por el momento, continuando abierto el proceso de adhesión a la misma.

Los fiscales firmantes queremos expresar nuestro rechazo y grave preocupación por las consecuencias que el nuevo régimen de sustituciones conlleva, lo que, sumado al mismo o similar problema en la carrera judicial, puede perjudicar gravemente los derechos de los justiciables y a la Justicia en sí.

Efectivamente, tal como se advirtió desde distintas instancias y desde algunas Juntas de Fiscales, la supresión de los sustitutos es algo inasumible. Apenas transcurridos unas semanas desde su implantación, ya se empiezan a percibir sus graves disfunciones y las previsibles e irremediables consecuencias para el ciudadano.

En primer lugar, retrasos, suspensiones y aplazamientos al no disponer de una bolsa de sustitutos a la que acudir en caso de enfermedades repentinas o de corta duración, como podemos comprobar con sólo echar un vistazo a la prensa.

En segundo término, y más grave si cabe, dicho régimen supone una disminución ostensible en la calidad de nuestro trabajo y, por tanto, en el servicio al ciudadano, al que nos debemos. No olvidemos que nuestra profesión se debe a una firme vocación de servicio público. Y en estas condiciones, es imposible prestar un servicio público de calidad y en un tiempo razonable.

Asimismo, esta regulación hace ilusoria la decidida apuesta por la especialización que debe informar nuestra actuación. Es difícil defender la especialización de la carrera fiscal, o de la judicial, si en el momento en que hay alguna baja, se considera que cualquiera es apto para suplirla, si se ha presentado voluntario, o incluso si no lo ha hecho y es llamado de manera forzosa.

No vamos a entrar en el modo de organizar dichas sustituciones, ni mucho menos en la remuneración que se perciba por hacerlas. La labor de un profesional sólo puede ser suplida por otro profesional -independientemente de si es o no titular-, no por unos emolumentos que compensen en mayor o menor medida el sobreesfuerzo injusto que se nos exige.

En definitiva, se trata de una medida cuyos beneficios -un discutible ahorro- en modo alguno compensan sus consecuencias. Un servicio prestado en estas condiciones no hará sino empeorar la ya pobre imagen de la justicia que se percibe desde la ciudadanía. Y que, a la vista de las escasas perspectivas de creación de nuevas plazas, perpetuará y agravará los problemas ya existentes.

Entendemos además que perjudica nuestra dignidad profesional, ya que conlleva una consideración implícita e incierta de que actualmente no se hace todo lo que se puede hacer, y que es totalmente injusta con el cuerpo de sustitutos, algunos de los cuales llevan prestando sus servicios a la Fiscalía de una manera admirable desde hace muchos años. No podemos despreciar el dato de que, durante el pasado año, alrededor de un 15% de los asuntos -hasta el 20% en algunas Comunidades- fueron despachados por fiscales sustitutos, por lo que esta medida supone la efectiva supresión de al menos un 15% de los medios humanos con los que contaba la fiscalía, y disminuye todavía más la ratio de fiscales por ciudadano. Nos preocupa especialmente que no se garantice en todo caso ni tan siquiera la sustitución externa de las licencias por maternidad y reivindicamos que se establezca así normativamente sin margen de discrecionalidad.

Del mismo modo que dos incendios no pueden ser apagados a la vez por un solo bombero y que un médico no puede atender a dos pacientes simultáneamente, nuestra carrera no puede asumir el doble de trabajo sin graves consecuencias para los ciudadanos. No hay que olvidar que, además de perseguir delitos, nuestra labor comprende materias tan sensibles como la protección de menores o desvalidos, violencia de género y doméstica y que somos quienes debemos garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y que mal podremos hacerlo en estas circunstancias.

Asimismo, tampoco se puede perder de vista el notable incremento de delitos de compleja investigación, como ocurre con los casos de corrupción, que exigen una respuesta firme e inmediata que es difícil o imposible dar sin los medios adecuados.

Por último, no vamos en entrar en estos momentos en el anuncio de otro tipo de medidas de apoyo a esta reivindicación -como las que ya se utilizaron en otra ocasión-. Creemos que basta con la explicación de las terribles consecuencias que conllevará la aplicación de la medida para lograr que su revisión sea al menos tomada en consideración. Y no hay peor consecuencia que una inevitable ralentización o paralización de los procedimientos. No perdamos de vista que una justicia lenta deja de ser justicia.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que se tome en consideración la revisión del régimen de sustituciones establecido y se dispongan los medios económicos y los marcos normativos necesarios para garantizar una digna prestación del servicio esencial de la administración de justicia y que se haga sobre la determinación de módulos objetivos con máximos de carga de trabajo en orden a garantizar la calidad del mismo sin merma de la celeridad que ha de acompañar al funcionamiento de la justicia.

La relación de fiscales que sigue constituye el grupo de representantes voluntarios de los más de 200 fiscales adheridos a la iniciativa:

Álvarez Menéndez, Pilar. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Huelva
Caballero, Jose María, Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional
Calvo López, David. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería.
Campoy Miñarro, Manuel. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Llinares Guardiola, Elena. Fiscal de la Fiscalía de Área de Granollers.
Martínez Marzal, Angeles. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Mayor Fernández, David. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa.
Miranda Agreda, Raúl. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Zaragoza.
Moya Martínez, María Jesús. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Viada Bardají, Salvador. Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Vicente Calvo, María Teresa.Fiscal de la Fiscalía Provincial de Valladolid.
Gisbert Grifo, Susana. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Va lencia.
Pedraza Campos, María Concepción. Fiscal de la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés
Rodriguez-Contreras Pérez, Carmen. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería.
Roldán Lora, Blanca. Fiscal de Menores en la Fiscalía Provincial de Cádiz"