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VALENCIA (EP). El juicio a la cúpula de la extinta Conselleria de Solidaridad por presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes, dentro del 'caso Cooperación', continuará el próximo martes, 14 de enero, a partir de las 9.30 horas, con las declaraciones de los acusados Tina Sanjuán, que fue secretaria general administrativa de ese departamento, y Marc Llinares, que ocupó el cargo de jefe del área de Cooperación. Las declaraciones del resto de altos cargos acusados seguirán jueves y viernes.

El primero en declarar será Llinares, quien en esta primera semana de juicio, donde se han dilucidado cuestiones previas y han declarado tanto el exconseller Rafael Blasco como el considerado presunto cabecilla de la trama el empresario Augusto César Tauroni, ha estado tomando notas de lo que sucedía en la sala. A continuación, a las 10.30 está citada Sanjuán.

El fiscal pide para Sanjuán 13 años y medio de prisión, 32 de inhabilitación y una multa de 14.400 euros y para Llinares ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación. Cuando declaró ante la magistrada que instruyó la causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la ex secretaria general administrativa aseguró que la adjudicación de subvenciones se hacía conforme a ley que cuando hubo alguna irregularida se subsanó. En el caso de Llinares, también negó la existencia de irregularidades en la concesión de subvenciones y defendió la gestión de Blasco.

DOS ACUSADOS DE LA FUNDACIÓN

Las declaraciones de acusados continuarán el jueves 16 con la declaración, en primer lugar, del exsubsecretario de a Conselleria Alexandre Català, para quien el fiscal pide 13 años de prisión, 30 de inhabilitación y 21.600 euros de multa, y posteriormente de Josep Maria Felip, ex director general, a quien la acusación pública reclama 10 años de cárcel, 27 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.

Para el viernes, según el calendario del TSJCV, está previsto el turno del último miembro de la cúpula de la Conselleria, Xavier Llopis, a quien el fiscal pide seis años de cárcel, el mismo tiempo de inhabilitación y una multa de 10.800 euros y dos responsables de la Fundación Cyes: el presidente, Marcial López, y una trabajadora, Josefa Cervera. En estos casos, fiscal reclama reclama cuatro años de cárcel.