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VALENCIA (EP). El Tribunal de Cuentas ha comprobado que bastantes proveedores municipales cobraron dos veces una factura pendiente de cobro cuando el ayuntamiento se sumó al Plan de Pago a Proveedores en 2012, un dinero que deberá ser reembolsado.

Así se recoge en el informe al que ha tenido acceso Europa Press y elaborado por el Tribunal sobre este mecanismo, que ha permitido el abono de millones de facturas pendientes de pago por ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales del país a 31 de diciembre de 2011. Para elaborarlo, ha recogido los datos de 34 instituciones y ha sacado conclusiones sobre cómo funcionó este programa.

Concluye el Tribunal de Cuentas que en al menos la mitad de las entidades fiscalizadas se produjo el cobro por duplicado de facturas: se pagó la factura al proveedor según el procedimiento ordinario y se le incluyó en el Plan de Pago. La causa, se aduce, el elevado volumen de gastos financiados por este plan y el "reducido tiempo establecido para la implementación del mecanismo".

Este dinero se devolverá bien a través de operaciones de crédito, bien mediante la retención de la participación en los tributos del Estado que tienen los ayuntamientos.

GRANDES EMPRESAS, BENEFICIARIAS

En el informe se explica que pese al elevado número de facturas pendientes de pago, se produjo una importante concentración del importe del Fondo en un número muy reducido de proveedores. Las mayores beneficiarias fueron de hecho 10 empresas grandes, que recibieron el 25 por ciento del total abonado. Una única empresa de limpieza recibió 650 millones de euros, el 7% del total del mecanismo de pago a proveedores.

Dos de esas empresas estaban dedicadas a la recogida de residuos sólidos urbanos y a la limpieza viaria; una empresa era de la construcción; otra, de prestación de servicios; otra más de instalación y mantenimiento de redes electrónicas y cinco entidades financieras. Estas últimas recibieron en conjunto 594 millones por el descuento de facturas de los proveedores.

Además, varios de los ayuntamientos fiscalizados incumplieron algunas de las limitaciones establecidas para cargar facturas a este plan. Por ejemplo, no se permitía incluir las facturas pendientes de pago a entidades del sector público, pero este requisito fue incumplido por el 23 por ciento de los ayuntamientos, el 31 por ciento de las diputaciones, todos los consejos insulares y la mitad de los cabildos.

LA MUESTRA ANALIZADA

Las entidades elegidas para realizar este informe son Parla (Madrid), Collado-Villalba (Madrid), Ayuntamiento de Jaén, Telde (Las Palmas), Gáldar (Las Palmas), Salas (Asturias), Otura (Granada), Atarfe (Granada), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Sitges (Barcelona), El Ejido (Almería), Santander, León, Caravaca de Murcia (Murcia) y Los Santos de Maimona (Badajoz), así como el Consejo Insular de Menorca.

Además, se seleccionaron otras 18 entidades a las que se les anularon o denegaron facturas incluidas en el mecanismo de pago: los ayuntamientos de Almería, Burgos, Colmenar de Oreja (Madrid), Don Benito (Badajoz), Puerto Real (Cádiz), Torremolinos (Málaga), Yeles (Toledo), Madrid, Calpe (Alicante), Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrecife (Las Palmas), Alcorcón (Madrid), Benalmádena (Málaga), Ocaña (Toledo), Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Zaragoza.