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VALENCIA (EFE). La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TJCV) ha acordado "inadmitir" el recurso interpuesto por un trabajador de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) contra el cese de las emisiones de esta cadena pública.
La sala justifica su decisión en la "falta de legitimación activa" del demandante, el periodista Miguel Ángel Picornell, ya que argumenta que una persona física no puede actuar en "simple defensa de la legalidad", sino ser titular de un específico vínculo de derecho/interés legítimo con el ámbito al que llega al proceso contencioso-administrativo.
Dicho ámbito, señala el auto, es el de establecer la relación que media entre el Derecho, en este caso desde "la perspectiva única del control por derechos fundamentales", y la resolución dictada por el Consell el 28 de noviembre de 2013 que acordó el cierre de las emisiones.
El trabajador había fundamentado su recurso en la vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, ya que alegaba que el cese de las emisiones "finiquitaba un servicio público", y la lengua valenciana quedaba "claramente discriminada" al igual que sus hablantes.
Argumentaba asimismo que el resto de comunidades autónomas con lengua propia "sí que disfrutan de sus propias radiotelevisiones públicas".
Este derecho, el de información, cuenta con dos claras vertientes, añadía, una de ellas la de "dar a conocer a la opinión pública información veraz, libre, efectiva, objetiva y plural".
En opinión de Picornell, y otro de los fundamentos de su recurso, era que, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el Consell había "incumplido en sus propios términos" la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaró nulo el expediente de regulación de empleo de RTVV.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, fechada el pasado 20 de diciembre y hecha pública hoy, no es firme y frente a ella cabe la interposición de un recurso de súplica en el plazo legal de cinco días.
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