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VALENCIA (EP). La Abogacía de la Generalitat ha rechazado las acusaciones de las defensas de Alexandre Català y Josep Maria Felip, ex altos cargos de la extinta Conselleria de Solidaridad, de haber llevado a cabo un doble juego en el 'caso Cooperación' al haber sido parte defensora y acusadora en la causa, y ha considerado que estas declaraciones constituyen una "estrategia" con la que quieren "achacar" una "contaminación" en el proceso, en el que el Gobierno valenciano ejerce la acusación particular, que además pretenden hacer "extensivo" al resto de partes acusatorias.

Así lo ha aseverado la letrada en su exposición de las cuestiones previas en la segunda sesión por la primera pieza de este caso, relativa a las ayudas recibidas por la Fundación Cyes, que ha sentado en el banquillo de los acusados a la cúpula de la Conselleria en el año 2008, incluido el exconseller Rafael Blasco. Durante su intervención, se ha centrado en rebatir los argumentos de las defensas del ex subsecretario de Solidaridad, Alexandre Català, y del ex director general, Josep Maria Felip, sobre un "doble juego" del Gobierno valenciano.

Asimismo, se ha adherido al ministerio fiscal para negar vulneración de derechos y para considerar que la causa, "compleja", debe seguir dividida porque "no hay riesgo de ruptura de la continencia". La letrada ha defendido que se trata de un proceso "dinámico" en el que se han producido todas las diligencias esenciales y en el que los imputados "han tenido amplio conocimiento del todo el proceso", ninguna merma de garantía.

La abogada ha justificado la primera asistencia letrada prestada a Català, que era subsecretario de Solidaridad, el 23 de febrero de 2012, en que era "un acto debido de acuerdo con la Ley de Asistencia Jurídica", a petición del propio acusado. Al respecto, ha hecho hincapié en que en el momento en que se produjo la petición de Català --que entonces ocupaba cargo en Sanidad-- es "una obligación" por parte de la Abogacía prestar la asistencia cuando se cumplan una serie de requisitos sustantivos y formales porque así lo establece la ley y el reglamento.

En este sentido, ha señalado que en febrero de 2012 la Generalitat no era acusación particular y "confiaron" en lo que les decía Català, que acababa de ser operado y que presentó una solicitud "voluntaria". En todo caso, ha sostenido que "nunca" hubo una "verdadera" relación de abogado/cliente y que se tuvo una actuación "meramente tutorial", con la formulación de una sola pregunta.

En esta línea, ha negado que se haya vulnerado el código deontológico, la comisión de un posible delito o la violación del secreto profesional, algo que tendrían que haber probado los que lo alegan. "No se ha obtenido ninguna información de Català que nos haya trasladado y que hayamos utilizado ni en interrogatorios ni en escrito de acusación; no se ha violado el secreto profesional ni se ha puesto de manifiesto qué intereses se han utilizado subrepticiamente", ha apuntado.

"NUNCA SE MATERIALIZÓ LA RELACIÓN DE DEFENSA"

La abogada ha recalcado que Català estuvo en el día de su citación con el director general de la Abogacía y dos secretarios autonómicos --nunca solo-- y ha añadido que esta parte nunca se presentó en el juzgado de instrucción como su letrada ni hubo petición de venia ni información que trasladar entre defensores porque "nunca se materializó la relación de defensa". De hecho, ha negado que se celebraran más reuniones. "Cero", ha incidido, y ha instado a que digan si hubo más.

La letrada ha recordado que la Generalitat se personó en marzo de ese año en el juzgado, que fue admitida como parte en abril y que hasta ahora nunca se ha impugnado su personación. De ahí que sostiene que a la "contaminación" habrían podido contribuir las defensas porque "no han dicho nada hasta ahora". "Es una estrategia que se usa en este momento para hacer extensiva la contaminación al resto de acusaciones", ha sostenido.

Por otro lado, ha negado las afirmaciones de la defensa de Felip de la celebración de una reunión en julio de 2011 --con discrepancia en las fechas-- en relación con este caso y ha hecho notar que en ese momento el ex director general no estaba detenido y que se trataba de encuentros como consecuencia del expediente que se instruía en el Tribunal de Cuentas sobre dos expedientes de ayudas de Cooperación, a raíz de una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado, de cuyas fases ha dado cuenta y ha justificado su intervención en cada una de ellas.

NIEGA MALA FE

Por su parte, Antonio Penadés, quien ejerce de acusación popular en el caso, se ha adherido a las manifestaciones efectuadas tanto por la Abogacía de la Generalitat como por la Fiscalía, y ha negado que en algún momento haya podido haber mala fe procesal.

Asimismo, ha destacado la imparcialidad de la magistrada instructora, Pía Calderón, y al respecto ha comentado en relación con las testificales practicadas en Nueva York y en Miami, que en los interrogatorios hizo uso del término "presuntamente", y mostró "un absoluto respeto" hacia los imputados y hacia su presunción de inocencia. "Desde el primer día", ha apostillado.

Además, Penadés, padre del único niño haitano adoptado en la Comunitat, ha defendido el informe elaborado por el Interventor del Estado, quien es -ha aclarado-- "un funcionario y no un jurista", y ha añadido que "es perfectamente lógico que su pericial sea requerida por el juzgado de Instrucción". En relación con las acusaciones "sorpresivas" alegadas por algunas defensas, Penadés se ha mostrado contrario y ha dicho: "en absoluto son sorpresivos y son totalmente coherentes con la fase de instrucción".

BLASCO APOYA LA NULIDAD

En esta jornada, el abogado de Rafael Blasco, Javier Boix, se ha adherido a las peticiones de nulidad formuladas por el resto de letrados y, en especial del de Català, en este caso por vulneración del derecho de defensa por el papel desempeñado por la Generalitat en el proceso ya que considera que las consecuencias materiales afectan a todas las partes y por la "gravedad" que supone.