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VALENCIA. "El día que Rafa Blasco caiga...". "¿Rafa? A Rafa no le pillarán nunca". La frase la pronunciaron hace más 10 años dos políticos que hoy ya no están en activo. Uno había conocido a Blasco en su etapa socialista, cuando desde la comarca de la Ribera, con su hermano Francisco, forjaron un poder indiscutible en el PSPV-PSOE. Del blasquismo, como se comoció aquella corriente hegemónica en el socialismo valenciano durante décadas en su Alzira natal y hasta alcanzaban sus tentáculos, ya ha desaparecido. Pero, incombustible, Rafael Blasco, ha logrado mantener una carrera política caminando sobre el filo, siempre bajo sospecha.

Aquella conversación del inicio se produjo cuando Blasco era conseller de Territorio ya con el Gobierno de Francisco Camps. Ya había completado con éxito su evolución ideológica desde la extrema izquierda en la que militó durante el franquismo hasta la derecha. Acupaba entonces la misma cartera que le llevó a un periodo de ostracismo 16 años.

El primer econtronazo con la Justicia por su gestión política le llegó, como es sabido, siendo conseller de Obras Públicas de la Generalitat de Joan Lerma. Una dencia le acusó de ofrecer sobornos para que se modificaran planes urbanísiticos. Había unas grabaciones que comprometían de forma grave a Blasco. Sin embargo, un entonces joven Javier Boix logró que se anularan. El caso se archivó. De ahí le viene la fama a un abogado que este martes también se sentará junto a Blasco para defenderle en el caso Cooperación.

Lerma le echó del Consell de forma fulminante y Blasco abandonó el partido -poco antes de ser expulsado- y no fue hasta diez años después cuando volvió a la política de primer nivel. El recién llegado a la Generalitat Eduardo Zaplana lo recuperó como asesor en Presidencia. Considerado un estratega político y electoral de primer orden, Blasco, en todo caso, aspiraba a más.

En 1999 fue nombrado consejero de Trabajo, en 2000 de Bienestar Social, en 2003 de Territorio, en 2006 de Sanidad y, finalmente en 2007, de Solidaridad. Fue en este último cargo en el que se desarrollaron los acontecimientos que ahora le sientan en el banquillo por el supuesto saqueo de los fondos destinados a ayuda internacional. Todos los presidentes del PP que ha tenido la Generalitat, excepto Alberto Fabra, han contado con él.

Sin embargo, la sospecha de que el político alzireño tuvo conductas poco claras en el resto de departamentos que gestionó es generalizada. El diario El País, el 3 de noviembre de 2006 abría su edición valenciana con este titular: Blasco recibe en su despacho de Sanidad a un empresario al que otorgó contratos. El empresario en cuestión era César Augusto Tauroni, un empresario que ha acompañado al político allá a dónde ha ido.

En aquel artículo no se denunciaba nada especial, con la excepción de que Tauroni y Blasco habían evitado dejar rastro de ese encuentro. El nombre de Tauroni nunca figuró en el registro. Lo relevante estaba en la existencia de la reunión. A Tauroni ya le había colmado de contratos, algunos de ellos polémicos, cuando estaba en Bienestar Social. Todos los que se mueven en el entorno de Blasco sabían el papel del empresario. De hecho, es el único de todos los que se sentarán en el banquillo que está en prisión.

Pero pese a todas las sospechas, Blasco fue navegando sin tropezar con la justicia. Pero en octubre de 2010 todo cambió. La diputada socialista Clara Tirado abrió el fuego con una denuncia y la entrega de ingente documentación que probaría el desvío de fondos destinados a la cooperación a cuentas privadas. Otro tanto hizo la diputada de Compromís, Mireia Mollà. Y ahí comenzó el principio del fin de un político (sigue de diputado por expulsado del PP) que pensó que no volviendo a usar un teléfono móvil -llama desde cabinas- no volverán a pillarle. 

TODA UNA GESTIÓN A EXAMEN

Pero esa costumbre de rodearse de los mismos colaboradores -la mayoría de ellos están acusados en el juicio de Cooperación- puede convertirse en un calvario para Blasco. Otra diputada, esta vez de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciado las adjudicaciones de la Conselleria de Sanidad -la que gestionaba Blasco durante la reunión antes mencionada- a empresas de Tauroni. La Fiscalía ha decidido investigarlas.  

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