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VALENCIA (EP/VP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) afronta 2014 sobrecargado y con un sobreesfuerzo a sus espaldas tras instruir el mayor número de casos de corrupción este año, lo que ha obligado a magistrados y funcionarios a incrementar sus horas de trabajo para no paralizar el funcionamiento de este órgano y evitar el colapso de asuntos.

Las causas más importantes relacionadas con la corrupción que ha instruido el tribunal valenciano en 2013 son los de 'Cooperación', 'Gürtel' y 'Brugal', y por éstas se ha visto obligado a solicitar un magistrado de apoyo, otros dos magistrados en funciones de letrados para asistir a las "complejas" instrucciones, y cuatro funcionarios. Se trata de refuerzos que el TSJCV ha considerado necesarios para poder sacar adelante todos los procedimientos.

El 'caso Gürtel' es el más antiguo de los tres ya que llegó al tribunal valenciano en mayo de 2011, cuando el tribunal se declaró competente para investigar la presunta financiación irregular del PPCV, el delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y la falsedad mercantil en los comicios de 2008.

Por este procedimiento se abrieron inicialmente tres piezas distintas, que en febrero de este año se convirtieron en seis tras incluir en el procedimiento tres nuevas investigaciones: presuntas irregularidades en la contratación del ente público de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa por la visita del Papa; en la contratación entre la Generalitat Valenciana con la mercantil Orange Market SL y sociedades vinculadas al mencionado 'Grupo Correa'; y sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market S.L.

En la actualidad, de estas seis piezas, la número tres, que investiga las contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, está pendiente de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV fije la fecha de juicio tras haberse dado por concluida la fase de instrucción.

En esta pieza hay 13 procesados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).

Asimismo, sobre el resto de piezas, instruidas por el magistrado José Ceres, hay decretado un secreto parcial en relación con los contratos por la visita del Papa, con delitos electorales, y con otras presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas. Y ello después de la comparecencia de un testigo inesperado, quien aportó diferentes documentos de interés para la causa.

EN SEPTIEMBRE ATERRIZA EL 'CASO COOPERACIÓN'

En septiembre de 2012 llegó al TSJCV el conocido como 'caso Cooperación', instruido por la magistrada Pía Calderón y con el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado del grupo de los No Adscritos en las Corts, Rafael Blasco, como uno de los imputados.

Este procedimiento, que se comenzó a investigar en un juzgado ordinario, pasó al tribunal ante los indicios delictivos que se atribuyen a Blasco, persona aforada. La causa se dividió en dos piezas: la primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Conselleria a la Fundación Cyes; y la segunda, que investiga el supuesto desvío de subvenciones en favor de una trama entre 2009 y 2011.

Precisamente el juicio por la primera pieza, en la que hay nueve imputados, uno de ellos en prisión --el empresario Augusto César Tauroni--, arrancará justo desde de Navidad, el 7 de enero, con dos días de cuestiones previas, y está previsto que finalice el 11 de marzo, con una duración aproximada de dos meses. Una vez concluido este juicio, la magistrada instructora podrá seguir con la segunda pieza, que actualmente está en 'stand by'.

BRUGAL, EN EL MISMO MES

El mes de septiembre de 2012, junto al 'caso Cooperación', el TSJCV también se declaró competente para instruir la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', en la que está imputada la alcaldesa alicantina Sonia Castedo y el ex primer edil Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos.

Sobre Alperi el tribunal valenciano también investiga --tras una denuncia de la Fiscalía-- otra causa, desde abril de este año, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y cohecho impropio, en relación con unos pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010.