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José Luis Martínez Navarrete (Garrigues), Juan Corberá (Deloitte), Ignacio Mínguez Duato (Mercer) y Manuel Broseta (Broseta)

VALENCIA. La Generalitat está acometiendo una de las mayores reestructuraciones organizativas y laborales de su historia, pero no lo está haciendo sola. Los principales expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha acometido tanto en sus departamentos e institutos como en las entidades que integran el sector público empresarial han contado con asesoría externa, salvo en escasas excepciones. 

La operación de mayor envergadura ha correspondido al despacho Garrigues, fruto de un concurso público por el que asumió la asesoría jurídica del ERE de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que afectó a 960 trabajadores sobre una plantilla de 1.600 y por el que cobró 125.000 euros.

Aunque se partía de un informe elaborado previamente por PwC (por el que RTVV pagó 112.500 euros), el despacho que dirige en Valencia José Luis Martínez Navarrete debía asesorar en el proceso de ajuste laboral y asumir la defensa de la empresa ante las demanda colectivas y de los particulares.

La anulación y el posterior anuncio del cierre de la radio televisión pública ha generado tensiones entre el despacho y su cliente, especialmente tras la insinuación por parte del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de unas supuestas responsabilidades del despacho en el fallo judicial.

Sin embargo, éste no es el único servicio que ha prestado el despacho en materia laboral para la Generalitat. Garrigues también ha realizado los de Emarsa, la Fundación Valenciana de Empleo (que redujo su plantilla de 72 a 40 trabajadores) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia.

DE RTVV A VAERSA

El siguiente despacho por el relieve de su trabajado en el ajuste de la Administración valenciana desde un punto de vista laboral es la consultora Deloitte. Aunque tradicionalmente ha sido su área de auditoría la que ha contado con más encargos por parte de la Generalitat para poner bajo control sus cuentas y las de las entidades que de ella dependen, su área de laboral también ha asumido uno de los mayores ERE por número de afectados.

Se trata del puesto en marcha para la empresa pública de tratamiento de residuos Vaersa. Aunque el despido colectivo se inició en diciembre de 2012, no ha sido hasta mayo de 2013 que se ha completado el proceso. El ajuste inicialmente previstos era de 439 empleados de los 1.441 trabajadores.

La negociación consiguió rebajar esta cifra, lo mismo que la asunción de encomiendas públicas de gestión, hicieron que la empresa amortiguara el golpe hasta quedar reducidos los despidos a 205 empleados. En todo caso, la negociación entre dirección y sindicatos no terminó con acuerdo, terminando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que sentenció su anulación. Este fallo está actualmente recurrido por la empresa ante el Tribunal Supremo.

FGV, UN ERE SIN RECURSO JUDICIAL

No por menos conocida por el público en general resulta menos relevante Mercer, que ha sido la responsable del ERE de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Con esta asesoría, la empresa ha prescindido de 300 de sus 1.800 trabajadores. A diferencia de los casos anteriores, en éste se logró un acuerdo entre dirección y trabajadores.

La aplicación del recorte se ha producido entre enero y agosto de este 2013, pero, a pesar de que la propuesta inicial era prescindir de una cuarta parte de la plantilla, dirección y sindicatos acordaron una rebaja general de salarios del 10% para todo el personal a cambio de rescatar a 140 trabajadores.

Aunque por esta operación Mercer cobró unos 20.000 euros, lo cierto es que el terreno ya había sido explorado por la consultora Improven, que había percibido unos 33.000 euros para definir las nuevas características de la empresa a las que Mercer ajustó su plantilla.

DE BROSETA A PWC

Broseta Abogados es el siguiente en esta nómina de consultoras, ya que el despacho valenciano asumió el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que redujo su plantilla de 328 trabajadores a 117, reflejo y resultado de la propia redimensión del sector inmobiliario en terrotirio valenciano, pero con unos años de retraso, según la propia Generalitat.

En este caso, el despacho recibió por esta asesoría 28.000 euros y no tuvo que sumir un proceso judicial con causas colectivas, ya que la Administración consiguió sacar adelante la reducción con acuerdo del comité de empresa. Más recientemente, el despacho que preside Manuel Broseta también asesoró en el despido colectivo aplicado en el Sepiva, donde dejaron la empresa 18 de sus 66 trabajadores, antes de integrarse en el Ivace, resultado de la fusión con el Impiva, el Ivex y otras instituciones relacionadas con las empresas.

Otras de las grandes, PwC, además de las labores de análisis y diseño de la nueva dimensión de las empresas públicas (como ha sido el caso de su participación en el proceso de RTVV), también asumió la asesoría jurídica en materia laboral de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA). A pesar de que el ajuste significó el despido de 141 de sus 325 trabajadores, terminó con acuerdo entre dirección y trabajadores.

TAMBIÉN DESPACHOS MEDIANOS Y VALENCIANOS

De menor envergadura es el despacho elegido desde la Conselleria de Cultura para resolver el ajuste que ha aplicado a toda su estructura, concentrada en el holding Culturarts y en el Palau de les Arts. Ambos han sido gestionados por AIP Abogados, la firma de Francisco Guillem.

En ambos casos se alcanzó el acuerdo entre la Administración y los sindicatos, pese a cerrarse con el despido de 60 de los 255 empleados de Culturarts y de 30 de los 285 del Palau de les Arts. En el caso del coliseo, además de la propia negociación, fue clave en el limitado alcance de la medida la intervención en favor de los trabajadores y de su gestora, Helga Schmidt de personalidades como Placido Domingo o Zubin Mehta.

Otro despacho local, Albiol Abogados, también asumió la asesoría de la Generalitat en el ERE del Ivace. En este caso, pese a que algunos de las sociedades que la integraban, como el propio Sepiva o el Ivex ya habían aplicado sus propias medidas de ajuste, desde la Conselleria de Economia se optó por un nuevo ajuste conjunto que terminó con la salida de 33 de los 127 trabajadores.

...Y LOS HECHOS EN CASA

De los principales ajustes de plantilla aplicados desde la Generalitat, los propios servicios jurídicos de la institución han llegado a realizar algunos de ellos, como es el caso del de la Agencia Valenciana de Movilidad, y que se debió a la extinción de la entidad, o el de la Agencia Valenciana de Turismo, que redujo en 33 personas el equipo, formado por 216 trabajadores.

La legislación sólo obliga a la publicidad de las adjudicaciones que superan una determinada cantidad, por lo que la asesoría realizada para reducciones de pequeña cuantía quedan libres de tener que publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Los propios despachos, así como el diario oficial y la contraparte sindical en estas negociaciones han sido las fuentes a través de las cuales las que se han obtenido los datos recogidos en el presente artículo, pese a la solicitud reiterada de esta información a la propia Generalitat.