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VALENCIA (EP). La portavoz socialista de Grandes Eventos en las Corts, Eva Martínez, ha denunciado este jueves que Ciudad de la Luz pagó 22 millones de euros en diez años --desde 2000 a 2010-- a la empresa Aguamarga Gestión de Estudios por la gestión del complejo alicantino.

Así lo indicado Martínez en una rueda de prensa, tras consultar facturas y otra documentación sobre el contrato suscrito entre Ciudad de la Luz y Aguamarga en el año 2000, que fue novado en 2004 y en 2005. A su juicio, queda de manifiesto que "Ciudad de la Luz es un ejemplo clave y típico del gobierno ruinoso del PP y de que el despilfarro y la opacidad han campado a sus anchas por la Comunitat".

La diputada del PSPV ha denunciado "pagos duplicados". En este sentido, ha indicado que en el contrato entre el complejo alicantino y Aguamarga se establecía un pago de 1,2 millones de euros al año por la gestión, pero, además, ha indicado que Ciudad de la Luz pagaba dietas y hoteles a varios socios de la empresa.

Al respecto, ha precisado que se abonaron 118.000 euros a un socio por dietas, alojamientos y hoteles durante cuatro años --entre 2001 y 2004-- y otros 34.000 euros a otro socio en el mismo período, lo que ha tildado de "gran escándalo".

Asimismo, ha asegurado que la participación de Ciudad de la Luz en las ediciones de 2002 y 2003 del Festival de San Sebastián "costó más de 114.000 euros a todos los valencianos" y, por otro lado, por "un gran acto en Madrid" para presentar los estudios de cine hubo que pagar 132.000 euros. "Una auténtica vergüenza", ha apostillado.

Eva Martínez, en respuesta a los periodistas, ha añadido que en la novación del contrato de 2004, además del pago de 1,2 millones, también se establecía una cantidad anual de 400.000 euros en concepto de marketing, así como otros 237.000 euros al año como aportación al mantenimiento y explotación del complejo. Del mismo modo, ha explicado que en 2005 se pactó un pago de un millón de euros para el momento en que se instalara la primera producción audiovisual de prueba.

"UN FRACASO MÁS"

La parlamentaria socialista, quien ha criticado que todo esto ha sido "dinero enterrado" porque "no ha servido para nada", ha señalado que los socialistas no tienen "nada en contra" de Aguamarga. Así, ha resaltado que lo que denuncia es "el vergonzante pago del Gobierno valenciano a una empresa por la gestión de unos estudios que, tras 14 años de existencia, ha sido otro fracaso más del gobierno el PP".

Al respecto, ha señalado que en estos 14 años "apenas se han rodado 60 películas, y la inmensa mayoría --ha añadido-- porque los valencianos hemos subvencionado que se rodaran allí--". "El Gobierno valenciano gastaban, permitía y pagaba derroches y despilfarros de este calibre", ha resaltado.

Eva Martínez ha exigido que se asuman "responsabilidades políticas" y ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, que "den la cara por este derroche, despilfarro y ruina".

En su opinión, la exconsellera y actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, "ha vuelto al Palau para mantener escondido al presidente Fabra". No obstante, ha insistido en que el jefe del Consell debe dar explicaciones y aclarar "quienes son los responsables del despilfarro".

"¿CUÁNTOS MILLONES VAMOS A RECUPERAR?"

Además, ha instado al 'president' a decir "de todos los millones derrochados en Ciudad de la Luz, cuántos vamos a recuperar" con la venta del complejo. "Que no espere a ver este caso también en los tribunales; que no sean los jueces los que decidan en nombre del presidente Fabra", ha subrayado.

Martínez, quien ha recordado que el año pasado su grupo parlamentario reclamó una comisión de investigación en las Corts sobre la gestión de los estudios de cine, ha comentado que la Comisión Europea declaró ilegales las ayudas públicas de 265 millones de la Generalitat al complejo alicantino.

También ha indicado que "hemos pagado 5,7 millones a una productora por rodajes, 22 millones de euros por poner en marcha un complejo que nunca ha funcionado y, además, debemos 200 millones de euros, según refleja el último informe de la Sindicatura de Comptes".