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VALENCIA (EFE). La Audiencia Nacional ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad que el Colegio de Abogados de Valencia presentó contra la Ley de Tasas en febrero de este año.

El órgano colegiado ha informado en un comunicado de que es igualmente procedente suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que el Tribunal Constitucional dicte resolución.

La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que "son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables".

Según ha afirmado el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, es "una satisfacción" que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el escrito del órgano valenciano, que supone la primera admisión de entre todos los recursos presentados por los colegios.

Para Durán, las tasas judiciales suponen "una barrera infranqueable para ejercer el derecho de defensa de millones de ciudadanos y un grave atentado para la Justicia".

En su opinión, "el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados y secretarios judiciales".

La última concentración de protesta contra las tasas judiciales organizada por el Colegio de Valencia tuvo lugar el pasado 20 de noviembre a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con el objeto de pedir la derogación inmediata de la norma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En esta fecha la norma cumplía su primer año de vigencia y según la abogacía valenciana, ha supuesto "un serio obstáculo" para el acceso a la Justicia de los ciudadanos.

El nuevo sistema de tasas "no ha resultado eficaz", según Durán, quien añade que el número de asuntos ha disminuido un 30 % desde su entrada en vigor y en un 35 % en primera instancia.

Además, lamenta que los fondos recaudados por las tasas no han sido transferidos a la mejora de la asistencia jurídica gratuita y "no figura siquiera" en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.