MADRID (EFECOM). La actualización anual de las tarifas para aquellas autopistas dependientes de la Administración General del Estado se rige por el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El mayor peso en la actualización lo tiene el IPC, que se compara según el promedio de 12 meses (desde noviembre hasta octubre de 2013) con los 12 meses anteriores.
Asimismo, estos valores se corrigen ligeramente atendiendo a los tráficos reales y los previstos en el plan económico-financiero de las concesionarias, de forma que si el tráfico es inferior al previsto, la tarifa es algo mayor, y viceversa.
Esta subida es sin embargo inferior a la subida del 2,4 % que registraron los peajes a comienzos de 2013 y a la del 3,2 % que se contabilizó un año antes debido a la caída del IPC como consecuencia del abaratamiento de los combustibles.
La red española de autopistas de peaje en explotación tiene una extensión de 3.404 kilómetros y el 83,4 % de la misma pertenece a la Administración Central; el 6,4 % a Cataluña; el 5 % al País Vasco; el 3,3 % a Navarra; el 1,8 % a Galicia y el 0,10 % a Baleares.
CAE EL TRÁFICO, SUBEN LOS PEAJES
Este incremento de las tarifas se enmarca en un contexto marcado por la caída de los tráficos y por las situaciones concursales en los que se encuentran algunas de estas vías.
De hecho, el tráfico en las autopistas estatales de peaje descendió un contabilizó una media diaria de 16.300 vehículos en los diez primeros meses del año, un volumen que conlleva un descenso acumulado del 33,4 % desde los máximos que registraba este indicador en 2006, antes de la crisis económica.
El tráfico medio en estas carreteras se redujo además un 5,4 % hasta octubre con respecto a los datos que se contabilizaban en el mismo periodo del año anterior.
Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) se han visto abocadas al concurso.
En este contexto, Fomento negocia con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
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