AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA (FOTO: EVA MÁÑEZ). Paula Sánchez de León, acutal delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exvicepresidenta de la Generalitat, está bajo sospecha por el caso Gürtel después de que este martes apareciese su nombre vinculado a contratos con la trama que dirigía en la Comunitat Valenciana Álvaro Pérez, el 'Bigotes'.
La ex directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, estaba citada a declarar ante el juez que instruye las seis piezas que conforman Gürtel y en el que hay decenas de imputados vinculados al antiguo gobierno autonómico presidido por Francisco Camps.
Ibars debía declarar por la contratación de la Guía de la Comunicación de 2005, así como por otros contratos menores que se otorgaron al conglomerado de Francisco Correa aprovechando una trampa consistente en trocearlos hasta que no superaran el límite legal que obliga a sacar a concurso los servicios a contratar.
Ese troceo permitió adjudicar a dedo hasta siete contratos, la mayoría de ellos con un coste de justo el límite de 12.020,24 euros. ¿Quién decidió operar de esta forma contraria a ley? Ibars negó cualquier responsabilidad en este asunto, pese a ser de su directa competencia y la lanzó hacia su entonces inmediata superior.
Paula Sánchez de León había conseguido salir indemne de todos los casos de supuesta corrupción que han salpicado al Consell de Francisco Camps. Pero el avance de la investigación de Gürtel, con la apertura de una pieza específica para investigar todas las contrataciones que realizaron las consellerias con la trama, amenaza con alcanzar a los que aún están sin mancha.
En la última semana, por ejemplo, en una parte de esa investigación cayó el exconseller de Sanidad Luis Rosado, imputado por contrataciones realizadas durante su mandato con el grupo de Correa. Pero más allá de los exconsellers, en el caso Gürtel, como ocurre en menor medida en el caso Nóos, hay numerosos altos cargos del segundo y tercer escalón imputados por haber firmado los contratos.
Esta situación, y la incertidumbre jurídica y política, está provocando que en las declaraciones ante el juez de los imputados, como la que protagonizó Ibars este martes, los sospechosos ya no se limiten a negar los cargos. También acusan. Tiran de la manta.
En la pieza concreta a la que pertenece la Guía de la Comunicación, además, todavía hay dudas por desvelarse. Hace algo más de un mes el juez José Ceres decretó el secreto del sumario después de que un testigo inesperado prestase una declaración voluntaria y aportase documentos que han dado origen a nuevas diligencias, también en la pieza sobre la visita del Papa y los contratos de Canal 9.
Esa investigación sigue siendo secreta, tras prorrogarse la medida excepcional durante otro mes. La declaración de Ibars de este martes no incluye ni para las partes que están en la jugada -la fiscalía y el juez instructor- los nuevos hechos que estén desvelándose ahora. Las dudas sobre qué ocurrirá con esa investigación y los datos que pueda desvelar podrían animar a alguno de los testigos e imputados a prestar una declaración más detallada a la espera de lo que la policía pueda averiguar.
UNA SITUACIÓN DELICADA El hecho de que Ibars la haya apuntado a Sánchez de León podría conllevar que el juez llamara a declarar a la delegada del Gobierno como testigo e incluso llegara a imputarla en este caso.
Cabe recordar que el puesto de delegado del Gobierno, que depende de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no está sujeto a aforamiento, por lo que la causa no sufriría ninguna alteración en caso de que el juez decidiera la imputación de Sánchez de León. Una circunstancia que, de producirse, dejaría a la exconsellera en una situación muy delicada que, según fuentes del Partido Popular, le obligaría a dejar el cargo. Desde el Gobierno irían en esa línea y tampoco el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se lanzaría a la defensa de Sánchez de León, con quien no mantiene buen 'feeling'.
LA PORTAVOZ QUE NEGÓ QUE EXISTIERA GÜRTEL VALENCIANO
Paula Sánchez de León (Valencia, 1965) es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. A partir de 1996 encadenó diversos direcciones de gabinete en el Gobierno valenciano hasta converirse en asesora en Presidencia. Posteriormente, fue designada secretaria autonómica de Comunicación, para después hacerse cargo del área de Cohesión Territorial.
En 2008 releva a Fernando de Rosa al frente de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. No tarda en reestructurar -y prescindir- de parte del equipo de su predecesor. Asciende a Jorge Cabré (posteriormente conseller) al rango de secretario autonómico y gana fuerza entre las favoritas del presidente, quien le otorga la portavocía del Ejecutivo en 2009, en cuyo puesto negó la existencia de Gürtel en la Comunitat Valenciana.
En las elecciones de 2011, fue designada la responsable de la campaña del PPCV y, tras la victoria electoral, Camps la nombra vicepresidenta y consellera de Presidencia. El entonces jefe del Consell, acosado precisamente por el caso de los trajes perteneciente a Gürtel, trató de cederle el testigo en la Generalitat, pero la dirección nacional del PP señaló como relevo a Alberto Fabra.
Sánchez de León retuvo la vicepresidencia unos meses hasta que a finales de año, tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales, fue elegida para ocupar el cargo de delegada del Gobierno, siendo sustituida por José Císcar.
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp