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CASTELLÓN (EFE).- El expresidente del PP en la provincia de Castellón y de la Diputación Carlos Fabra dejará su cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón el próximo 31 de diciembre.

Así lo han informado a EFE fuentes de la institución cameral que han precisado que el pasado viernes 13 de diciembre Carlos Fabra presentó su renuncia al cargo en el Comité Ejecutivo de la entidad, que fue aceptada.

La decisión de Fabra se produce después de que el pasado 25 de noviembre se conociera el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón que le condenaba a 4 años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Fabra, que en la actualidad ya no ocupaba ningún cargo político, anunció que iba a dejar también la militancia del PP de la provincia. Sin embargo se mantuvo en el cargo de la Cámara de Comercio, cuya presidenta, Dolores Guillamón, aseguró que no iba a tomar ninguna decisión sobre la permanencia de Fabra en su cargo de secretario general hasta que no hubiera sentencia firme.

Guillamón explicó entonces que el Reglamento Interno de la Cámara no contemplaba el cese del secretario general si no se producía negligencia por su parte, y añadió que los delitos por los que había condenado a Fabra eran "de su ámbito particular".

Caros Fabra accedió al cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón en 1975, aunque lo dejó temporalmente años después para dedicarse a la política.

Cuando dejó su cargo como presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial en 2012, tras ordenarse la apertura de juicio oral, retornó a su puesto de trabajo en la institución cameral.

Fabra deja la Cámara a los 67 años de edad, y con ello también la representación que ejercía de la institución en el Consejo de Administración del Puerto de Castellón.

En el comité ejecutivo del pasado viernes se acordó también el cese de un empleado del gabinete de comunicación de la institución cameral, ya que tenía un contrato temporal, y de otros 7 empleados que se encontraban en el mismo régimen laboral, para "disminuir la carga económica" en la contratación de la Cámara de Comercio, según han explicado las mismas fuentes.