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VALENCIA (EP). El presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Vicent Mifsud, ha tildado de "intolerable" y "un insulto a la ciudadanía y a los profesionales" que la Generalitat "premie a la persona que dirigía Canal Nou cuando se diseñó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ilegal", en alusión al nombramiento de Lola Johnson como secretaria autonómica de Comunicación.

Así se ha pronunciado Mifsud en declaraciones a los periodistas durante la protesta de los trabajadores ante el Palau de la Generalitat, por segundo viernes consecutivo, cuando se cumplen 15 días del fin de las emisiones de la radio y la televisión públicas.

Mifsud ha conocido el nombramiento de Johnson y de la exdirectora de Comunicación de RTVV, Maite Fernández, como directora general de Relaciones Informativas de la Generalitat durante la concentración y lo ha comunicado con un megáfono a sus compañeros, quienes han recibido la noticia entre abucheos y gritos como 'no' y 'fuera'.

En su intervención, ha indicado a los participantes en la protesta que "el disparate y la poca vergüenza parece no tener límites" y ha reprobado que el Consell, con esa decisión, "premia con el máximo cargo de comunicación a la persona que dirigía la televisión cuando se diseñó el ERE ilegal que ha tumbado la justicia y la que contribuyó a echar a los trabajadores para privatizar RTVV".

"PILOTAR EL TRASPASO DE DINERO PÚBLICO A LA EMPRESA PRIVADA"

"La poca vergüenza de este gobierno parece no tener límite", ha insistido el presidente del comité, quien opina que nombran a Lola Johnson "para que pilote la nueva fase de traspasar a la empresa privada el dinero público que han querido siempre traspasar".

En declaraciones a los medios, Mifsud ha recalcado quque la designación de la que fuera directora de Canal Nou como secretaria autonómica es "un insulto a la ciudadanía y a los profesionales de RTVV" porque, a su juicio, "es inconcebible que a personas que diseñaron, participaron en esa estrategia (del ERE) se les premie ahora con un cargo de máxima responsabilidad en el Gobierno de los valencianos, cuando su actuación ha sido censurada por la justicia".

"ESCÁNDALO Y EXCESO FALTO DEL MÍNIMO DECORO Y RESPETO"

"Es un escándalo, un exceso y una exhibición de falta del mínimo decoro y respeto hacia los trabajadores y la ciudadanía en general", ha sentenciado Mifsud, quien reprueba que encomienden a Johnson "pilotar la Secretaría de Comunicación para continuar buscando esa privatización que planteó desde el primer momento".

Así, ha reclamado a los presentes "una respuesta cada vez más fuerte y contundente" después de que los trabajadores de RTVV sigan sin tener claro su futuro, pero sí se sepa el de personas "que hoy deberían estar desautorizadas ante la sociedad valenciana por su ineptitud, demostrada por la justicia".

200.000 EUROS AL DÍA EN SUELDOS

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la protesta, en la que han vuelto a guardar un minuto de silencio a las 12.19 horas --hora del apagón de la señal de la televisión--, pretende evidenciar su rechazo al cierre y la "indefinición" que viven los trabajadores, en permiso retribuido hasta "como muy pronto, principios de febrero", lo que supone "200.000 euros diarios en nóminas por no trabajar".

"Los trabajadores queremos cobrar por trabajar y por hacer nuestra labor de servicio público", ha aseverado Mifsud, quien mantiene que con ese gasto "queda más claro" que la justificación económica del cierre era "falsa" porque las nóminas y posteriores indemnizaciones "se comerán todo el presupuesto de RTVV en 2014 y 2015".

En cuanto a los problemas para consultar nóminas, ha indicado que ya se ha habilitado un sistema para que accedan desde fuera de la empresa, aunque ha reivindicado la necesidad de que puedan acceder a las instalaciones de RTVV para solucionar cuestiones administrativas.

Además, ha señalado que no se ha producido ninguna nueva reunión con la comisión liquidadora, que les ha contestado por correo electrónico que cuando tengan alguna novedad sobre el proceso para extinguir los contratos, les informarán. Para Mifsud, esta situación de "indefinición" demuestra que el cese de las emisiones se debió a "razones políticas e intereses que van más allá del ahorro".