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MADRID (EFECOM). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto juicio oral contra 61 ex socios y asociados de la auditora PricewaterhouseCooper (PwC) por delitos contra la Hacienda Pública, por los que se enfrentan a penas que oscilan entre 2 y 14 años y diez meses de prisión.
En un auto, el magistrado fija indemnizaciones solidarias a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidades pecuniarias para varios socios y asociados y para las compañías que superan los 42 millones más las individuales de cada uno.
Moreno reproduce el escrito de calificación de Anticorrupción, en el que les acusaba de varios delitos contra la Hacienda Pública estatal y foral vasca, cuatro delitos contra la Hacienda pública estatal por la omisión de la obligación de retención del IRPF del ejercicio de 2002 (para cuatro sociedades de PWC) y 56 referidos al impuesto del IRPF de ese año de otros tantos acusados.
Ahora, las defensas disponen de 30 días para presentar su escrito, tras lo cual la causa se elevará al Juzgado Central de lo Penal, órgano competente al tratarse de delitos que no superan los 5 años de prisión.
Las penas más elevadas se solicitan para el expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; para José María Tajadura Garrido -entonces administrador de solidario de PWC Consulting y responsable de Operaciones en España-; y para César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC. También se piden multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros.
El fiscal se dirigía también contra las sociedades PwC S.L., PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, ésta como sucesora de PwC Consulting, como responsables civiles subsidiarias de los delitos, derivados de la venta de esta última división a IBM.
Según Anticorrupción, los socios no declararon a Hacienda -ni a la estatal ni a la foral de Vizcaya- la percepción global de 20,9 millones en concepto de bonus que recibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo.
Los socios omitieron en su declaración de IRPF que fueron rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la que hubiera correspondido.
Sin embargo, cuando recibieron los bonus ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en julio de 2002 y culminaron en octubre de ese año, cuando tuvo lugar la venta.
A los socios denunciados -españoles, franceses, ingleses, irlandeses y un austríaco- se les imputa un fraude superior a 120.000 euros.
Además, PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF, dejando de ingresar una cantidad global superior a los 9,5 millones.
La Fiscalía también denunció delitos contra la Hacienda Pública derivados de la omisión de la declaración en el Impuesto de Sociedades de PwC SL y el ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de PwC Consulting S.L. a IBM Global Services España S.A.
Para ello se simuló una operación de reestructuración con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando en realidad se procedió a la venta de la empresa. La cuota defraudada asciende a 18,3 millones por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.
Como consecuencia de esta operación simulada, PwC SL, propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de ésta, siendo los socios de PwC y no la sociedad quienes formalmente vendieron la división a IBM.
Posteriormente, los socios declararon indebidamente en su IRPF las cuotas debidas por la venta, al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos. El total de las cuotas tributarias defraudadas como consecuencia de ambas operaciones supera los 12 millones.
La auditora ha señalado en una nota de prensa que este juicio le permitirá demostrar que la reestructuración que llevó a cabo cumplió "escrupulosamente con la normativa vigente" y respondió "a una operación mercantil real, transparente y legal".
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