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MADRID (EFE). Los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó han pagado hoy la fianza de 7 millones que les impuso el pasado lunes el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para poder salir de prisión, en la que ingresaron por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe. 
Fuentes jurídicas han informado de que ambos empresarios, imputados por un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiación indebida y blanqueo de capitales, han ingresado esta cantidad en la cuenta del juzgado, lo que les permitirá recuperar la libertad apenas tres días después de haber ido a la cárcel.
Gómez Bermúdez tomó esta decisión ante la gravedad de los delitos y por el riesgo de fuga y su capacidad económica, que ilustró con el ejemplo de que los dos acusados pagaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avión privado de más de 445.000 dólares.
En el auto en el que ordenó su ingreso en prisión, agregaba que disponen de numerosas propiedades en el extranjero, cuentas en Andorra y un entramado de sociedades "todavía no suficientemente desenmarañado que les permitiría seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir cómodamente".
Ferri y Baldó acudieron voluntariamente a la Audiencia Nacional después de que el juez hubiera ordenado su detención en la operación "Mar Nuestro", iniciada el 7 de noviembre, aunque aquel día estaban fuera de España.
En esa operación fueron arrestados el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el de Empresas Daniel Gil, a los que acusó de desviar de 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, por lo que ordenó su ingreso en prisión bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que también abonaron.
Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil desempeñaron un papel esencial en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.
Eso sucedió cuando los empresarios les informaron de su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana.
La estructura fiscal fue creada por Ferri y Baldó mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, gracias al asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escrivá.
Éste defendió en varios informes la legalidad de la utilización de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal, que luego fueron utilizados por los exdirectivos para justificarla ante los órganos de control de CAM.
"Desde el primer momento", sostiene el juez, "planificaron la adquisición de la sociedad Valfensal con el objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cual obtener financiación necesaria" para posteriormente transferir el capital a sus participadas radicadas en el extranjero, "sin que la caja obtuviera una contraprestación lógica y equilibrada con dicho pacto".
Una vez conseguido, se concentró en Jacksonport la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México.
Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros-, afirma el juez, que citó las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.
Los imputados decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello "conscientemente" la contabilidad.
Por último, en 2010, "aprovechando la difícil situación" de CAM, suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabreze, por la que esta última se encargaría de la gestión de todos los hoteles del grupo, a la que facturaron "en concepto de prestación de servicios una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM".
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