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VALENCIA. "Si ese 'marrón' estuviera bien pagado, sería otra cosa". Asumir la consultoría jurídica en el despido colectivo por extinción de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que está elaborando la Generalitat valenciana no es plato de gusto para los principales despacho de abogados.

Aunque este tipo de trabajos no es inusual y tampoco presenta una complejidad excesiva desde un punto de vista técnico, el caso concreto del cierre de la radio televisión pública valenciana viene acompañada de una sobreexposición pública que no todos los bufetes están dispuestos a asumir, al precio que se plantea.

Las vicisitudes que ha atravesado Garrigues en la gestión del expediente de regulación de empleo (ERE), que ha terminado por ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se tiene ahora muy presente para asumir el proceso.

BAJO PRECIO, ALTO RIESGO

Como ya explicó Valenciaplaza.com hace varias semanas, el Consell está elaborando un pliego que se plantea en la línea de los que se han publicado en las últimas fechas para el redimensionamiento del sector público empresarial. Esto significa tener que asesorar en el proceso de despidos, aunque la labor administrativa la realizará la propia empresa (de ahí que buena parte de los 100 trabajadores de RTVV que han tenido que seguir en la empresa pese al cierre sean de este área), el despacho ha de asumir también la defensa de la empresa en los procesos colectivos e individuales  que se abran.

Aunque de media se suele cobrar por este tipo de trabajo unos 800 0 1.000 euros por trabajador, la Generalitat fijó hace un año un precio máximo de 190.000 euros (unos 120 euros por trabajador) y Garrigues terminó por asumirla por 125.000 euros (unos 78 euros por trabajador).

Teniendo en cuenta que el ERE de extinción se considera desde el Consell como "más sencillo", al no tener que contar con una selección de los afectados, se prevé que la licitación sea a un precio aún menor. "Con estos casos no se busca tanto el dinero como estar bien posicionado en el mercado y ante el cliente", señala un destacado abogado.

LAS CÁMARAS SOBRE EL DESPACHO

Sin embargo, la capacidad actual del Consell para encargar otro tipo de servicios menores que permitan cuadrar las cuentas se ve condicionada por sus problemas económicos. "Te pueden dar más cosas, pero si son todas low-cost, no haces buen negocio", señalan fuentes jurídicas.

Además, el despacho Garrigues ya conoció la dimensión de actuar sobre un medio de comunicación como RTVV. De hecho, se hicieron públicas las actividades privadas de uno de sus asesores en el proceso, socio en una productora de contenidos para televisión; y en varias ocasiones los sindicatos convocaron concentraciones a las puertas de su sede la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, lo que más incomoda es la reacción que tuvo el cliente tras la anulación del ERE. El propio presidente Alberto Fabra insinuó la intención de la Generalitat de emprender acciones contra la consultora, echándole parte de las culpas de la decisión judicial.

"El despacho asesora a la empresa, pero es la propia empresa la que toma las decisiones", repiten varios responsables de distintos despachos relevantes de Valencia. Aunque no se produjo la acción judicial, la descarga contra la reputación del despacho ya se había lanzado, por lo que Garrigues tuvo que reaccionar constatndo que no se produjeron errores durante todo el proceso por su parte.