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VALENCIA (EP). La acusación particular solicita una pena de 14 años de prisión para el expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer y el exvicepresidente José Montoliu por un trasvase entre cuentas de dos sociedades constructoras del mismo grupo en Valencia para que la caja pudiera cobrar una deuda.

Así consta en el escrito que la acusación particular ha remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que mantiene abierta una causa contra Ferrer, Montoliu, el ex director general de Ruralcaja, Juan José Arrieta, y el legal representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano, por un posible delito societario y otro de apropiación indebida.

Para Arrieta, la acusación particular solicita también 14 años de cárcel y para Serrano 20 años. A los cuatro acusados les atribuye un delito de apropiación indebida; otro de insolvencia punible; y un delito contra la Hacienda Pública, según se concreta en el escrito --en el que se interesa la apertura de juicio oral--, al que ha tenido acceso Europa Press. Asimismo, esta parte indica que de estos delitos responden también, en calidad de responsables subsidiarios, las entidades Cajamar, Cosesa y Afrepark.

El procedimiento se remonta al año 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. --perteneciente al grupo Cosesa-- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron. Afrepark entró en concurso de acreedores y durante su tramitación el administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de 3.040.000 euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa para que ésta última cancelara una deuda con el banco.

Tras enterarse de esta premisa, los compradores presentaron una denuncia ante el juzgado en la que alegaron que esta "fraudulenta" disposición supuso un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por la entidad a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.

Esta operación de traspaso, según alega la acusación particular, supuso un "beneficio" para Ruralcaja, que cobró 3.040.000 de euros, que en otro caso tendría que haber reclamado en un procedimiento concursal, siendo además un crédito ordinario y sin garantía real, por lo tanto, "sin privilegios dentro de la masa".

Asimismo, con relación a Cosesa --agrega--, la presunta apropiación del dinero supuso un beneficio consistente en reducir sus deudas con acreedores externos y, con ello, poder proponer y conseguir un convenio concursal con sus acreedores que se aprobó en diciembre de 2009.

Con respecto a Afrepark, esta disposición "supuso una descapitalización total y un vaciamiento de su dinerario, lo que le impedía acceder al cumplimiento de sus obligaciones y ello con independencia de que pudiera o no tener una viabilidad económica en situación de concurso de su matriz determinó la imposibilidad de continuar con la actividad".

Esta operación "fraudulenta", en definitiva, "supuso un irreparable perjuicio para los denunciantes que perdieron el dinero entregado, no se les entregó el aparcamiento adquirido y se vieron relegados a meros acreedores del concurso presentado por Afrepark", señala.

De estas "ilegalidades" son partícipes Arrieta, ya que era el competente para este tipo de operativa bancaria; Ferrer y Montoliu, como miembros de la comisión ejecutiva del banco que autorizó la operación; y Serrano, quien "tuvo conocimiento" del traspaso pero no presentó ninguna queja, ni interpuso ninguna acción judicial.

DECLARACIONES

El exdirector general de Ruralcaja Juan José Arrieta declaró ante el juez que no tuvo conocimiento "ninguno" de la transferencia entre cuentas hasta que se iniciaron las diligencias judiciales, y que fue la comisión ejecutiva la que autorizó la misma "por entrar en mora todo el grupo Cosesa" y presentar un concurso de acreedores.

Por su parte, Serrano expuso en su declaración que él no había autorizado al banco traspasar el dinero entre las cuentas; asimismo, el que fuera director de la oficina aseguró que él no tomó la decisión de este traspaso y dijo que era algo que "venía de arriba"; y, por último, un experto bancario aseveró que él tampoco intervino en este procedimiento y apuntó al consejo rector.