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VALENCIA. (VP). L'Associació de Juristes Valencians (AJV) quiere mostrar, mediante el presente manifiesto, su desacuerdo con el cierre y la supresión de RTVV y de su principal cadena emisora, Canal 9.

"Entendemos que la decisión de cierre se ha producido de manera precipitada, sin la debida reflexión; la prueba es que, a día de hoy, nadie sabe con certeza el coste exacto de liquidar RTVV... Y, lo que es más grave, no se ha dado al pueblo valenciano la posibilidad de pronunciarse sobre la idoneidad de una medida tan drástica como dolorosa.

A nuestro juicio, suprimir la corporación es un ataque frontal a la identidad valenciana, porque RTVV tiene su justificación estatutaria en la promoción de todo lo que nos une como pueblo: el valenciano, nuestra lengua, sobre todo; pero también nuestra cultura, nuestros deportes, nuestra economía, nuestras fiestas, nuestra idiosincrasia en una palabra...

Del mismo modo, se resienten la cercanía en la información, la participación ciudadana y el trabajo de vertebración de nuestra sociedad que hasta la fecha desempeñaba la cadena pública valenciana. ¿Qué medio de comunicación va a asumir en adelante dichas tareas? Es verdad que RTVV lo venía haciendo con no pocos defectos; pero hay que reconocer que, en su mayor parte, eran causados por interferencias políticas proveniente del mismo gobierno que ahora pretende su cierre.

La clausura de la radiotelevisión pública valenciana produce también una merma considerable de nuestra autonomía política y capacidad de autogobierno.

La decisión del Consell nos coloca al mismo nivel que comunidades como Cantabria o que las ciudades de Ceuta y Melilla, y por debajo del resto de comunidades autónomas, incluidas Murcia y La Rioja, por poner un ejemplo del absurdo que se crea.

PAPEL MOJADO

En la práctica, supone convertir en papel mojado el preámbulo y el art 1 de nuestro Estatuto, que nos definen como una nacionalidad histórica por nuestras raíces, personalidad diferenciada, lengua y cultura propias y Derecho civil foral que ejerce el derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad.

Como juristas, además, consideramos que la medida presenta serios problemas de constitucionalidad y de legalidad. Juzgamos lesionados los artículos 3 y 20 de la propia Constitución, junto con el 86.1 por la forma en que se ha ejecutado. De hecho, ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, que podría incluso determinar, si así lo estima el alto Tribunal, la suspensión del cierre y un largo proceso que arruinaría los objetivos que dice perseguir el Consell. Asimismo, estimamos que se ha vulnerado el art. 56 del Estatuto de Autonomía, así como el art. 25 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

En nuestro Estatuto, la protección del valenciano es un fin esencial (véanse, entre otros, los artículos 6, 9.2, 12, 35.1, 41 y 56) que se verá desatendido de forma grave si se cierra RTVV. La alteración que en este punto introduce la supresión del ente es de tal relieve que creemos que podría hablarse, incluso, de una reforma encubierta del texto estatutario. En ese sentido, nos preguntamos si no sería más correcto seguir el procedimiento de reforma establecido por el propio Estatuto en su art. 81 y consultar a los valencianos, de un modo fehaciente, si de verdad desean que se cierre Canal 9.

SENTENCIA JURÍDICAMENTE IMPECABLE

No podemos compartir una reacción tan desproporcionada ante una sentencia jurídicamente impecable: como demuestra el fallo del Tribunal Superior de Justicia, el ERE estaba mal hecho desde el principio, y de ahí que se decrete acertadamente su nulidad, con la consiguiente readmisión de los trabajadores afectados por él. Antes que proceder al cierre y extinción de la Sociedad RTVV, la razón y el sentido común invitan a hacer lo que ordena el derecho: readmitir a los trabajadores afectados y comenzar de nuevo el proceso para redimensionar la plantilla global y hacer sostenible así tanto la corporación como su actividad.

Creemos, pues, que se impone una solución más lógica y más jurídica, como es mantener RTVV con una plantilla ajustada a sus necesidades reales, bien dimensionada y que permita prestar un servicio de calidad, sin perder nunca de vista los fines últimos que hemos señalado: la defensa y promoción de la lengua y la cultura valencianas, así como el refuerzo de la vertebración social y territorial de la Comunidad.

Por ello, desde la Associació de Juristes Valencians pedimos al president de la Generalitat y al gobierno valenciano un gesto de grandeza política: que negocie en la medida de lo posible, tratando de buscar la solución más deseada por la mayoría de los valencianos, que no es otra que evitar el cierre de RTVV y de Canal 9. Y que, de una vez por todas y con carácter inmediato, ponga el mayor empeño en mejorar la financiación de las necesidades sociales de los valencianos por parte del Estado".

Suscriben este comunicado de la AJV, José Bonet Navarro, catedrático de Derecho Procesal de la UVEG, José-Ramón Chirivella Vila, abogado, Lorena Ferrandis Navarro, abogada, Joaquín Ivars Ruiz, abogado, Enrique Vila Torres, abogado y Javier Palao Gil, profesor titular de Historia del Derecho de la UVEG.