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VALENCIA. Laboral, societaria y política. Por las tres vías se le presentan al Consell incertidumbres y abismos judiciales de larga duración en el proceso de cierre y liquidación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
Las distintas fuentes jurídicas especializadas tanto en derecho laboral como mercantil consultadas por ValenciaPlaza.com coinciden en que la celeridad con que se está llevando el proceso es un campo abonado a los errores que, en un caso tan polémico, pueden servir de enganche para numerosas denuncias en los tribunales.
EL CONFLICTO LABORAL
El más evidente terreno de conflicto será el laboral, vinculado con el despido colectivo de los casi 1.700 empleados que forman la actual plantilla. Los sindicatos ya han anunciado que plantearán por todas las vías posibles sus demandas en los tribunales. La negociación obligada para el ERE de extinción se antoja un mero trámite sin posibilidad de acuerdo. De hecho, el único punto real que se deberá negociar es el de las indemnizaciones.
Si la Generalitat no lanza una oferta que parece impensable -una indemnización tan atractiva que convenza al comité de empresa- la falta de acuerdo en el ERE desencadenará demandas tanto por parte del propio comité como de los sindicatos que lo integran, e incluso individuales.
En el pasado ERE los sindicatos ya utilizaron esta estrategia de múltiples demandas y ante distintas instancias judiciales. En todo caso, las razones que se esgrimieron entonces para recurrir el despido de casi 1.000 empleados no serán las mismas que ahora, dado que estamos ante el cese de actividad de la sociedad.
Precisamente habrá que buscar en las causas por las que se cierra esta empresa pública para poder recurrir los despidos. Y ahí entra en juego otra de las claves de este largo calvario judicial.
EL CONFLICTO SOCIETARIO
El cierre de RTVV SAU, la sociedad que heredó los activos de las antiguas RTVV, TVV y RAV, tiene muchas aristas. La particularidad de la sociedad, una empresa pública y dedicada a prestar lo que se consideraba por ley un servicio esencial, hacen imprevisible el escenario. No hay precedentes en la jurisprudencia española sobre esta situación.
Pero más allá de estas dudas, que pueden desembocar, según algunos abogados, en denuncias por lesión de intereses generales, hay matices vinculados a las decisiones societarias que están bajo el microscopio de los que se oponen al cierre.
El cierre se produce por la anulación del ERE, según ha reconocido -y consta en la ley de derogación- el Consell. Distintas fuentes judiciales apuntan a que ese detalle ya pone en duda la decisión, ya que se puede considerar una represalia por una decisión judicial, algo contrario a ley.
Pero más allá hay que recordar que RTVV SAU, la que ahora se liquida, es la antigua TVV fusionada con RAV (Ràdio Autonomia Valenciana). A ella se le trasladaron los activos por no los pasivos, es decir, la deuda, que quedó en el antiguo ente público RTVV, ahora en liquidación.
Es decir, en este momento hay dos empresas en liquidación que provienen del mismo origen. Esta situación puede generar conflictos de intereses notables. El primero de ellos ya ha ocurrido, cuando los bancos se han negado a que la deuda se traspase de RTVV a la Generalitat.
El motivo por el que los acreedores de esos 1.200 millones de euros se oponen al traspaso es sencillo: si la sociedad se liquida pueden reclamar la totalidad el principal en el momento de la liquidación, mientras que si asume la deuda la Generalitat se mantienen los plazos.
EL POLÉMICO TRASPASO DE ACCIONES
Más. Cuando el Consell decidió traspasar las acciones de RTVV SAU de la antigua RTVV en liquidación a la Generalitat para poder nombrar a nuevos consejeros (un proceso también recurrido) lo que hizo fue vaciar de activos a una sociedad que está pendiente de resolución económica.
En un proceso de liquidación la empresa tiene que vender sus activos para pagar sus pasivos. Las acciones de la nueva RTVV eran activos con cierto valor: el del que se consiguiera por ejemplo de liquidar la nueva RTVV, algo que va a ocurrir ahora. Los acreedores tienen derecho a pronunciarse sobre operaciones que puedan afectar a sus garantías de cobro.
La incertidumbre sobre el proceso societario también se producirá con la liquidación de la nueva sociedad. Los contratos que tengan que resolverse y las indemnizaciones que estén aparejadas (tanto los mercantiles como los laborales) suponen un coste que RTVV tendrá que asumir ya sea haciendo efectivo sus activos como por inyecciones económicas de la Generalitat.
Los activos de RTVV SAU son muy complejos de colocar en el mercado. Todo el material de trabajo de Canal 9 está desfasado para cualquier empresa que pretenda entrar en el mercado audiovisual, aunque servía para hacer el trabajo en la casa. Vender cámaras, focos, micrófonos, unidades móviles o mesas de edición, por poner algunos ejemplos, no supondría, de lograrse un ingreso significativo.
El activo más valioso de RTVV SAU es prácticamente invendible: el edificio de Burjassot está protegido por su peculiaridad arquitectónica. Su venta, en caso de autorizarse, implicaría que el nuevo dueño debería mantener su estructura, lo que limita notablemente esta posibilidad, más en un mercado tan dañado como el inmobiliario.
Aunque detrás de todas las empresas está como garante la Generalitat, lo cierto es que al tratarse de una empresa (aunque sea pública) debe cumplir con todas las normas mercantiles exigibles. Y la celeridad del proceso apunta a muchas incertidumbres que los afectados por el cierre -acreedores o empresas con contratos firmados- pueden impugnar.
EL CONFLICTO POLÍTICO
Pero RTVV no es solo una empresa. Es un símbolo de la autonomía de la Comunitat Valenciana y, por tanto, un elemento de disputa y debate político. Al margen de los pleitos que se puedan plantear por parte de los trabajadores y por la legislación mercantil, los partidos de la oposición ya han puesto en marcha una maquinaria para llevar a la Generalitat ante distintos órganos judiciales por el cierre de un medio de comunicación.
El PSPV-PSOE lo ha planteado al Constitucional y EU apuntó que lo presentará a Estrasburgo. Compromís, por su parte, ha recurrido el nombramiento de los consejeros por saltarse el trámite parlamentario al que estaba obligado antes del cambio de la ley por decreto e incluso ha amenazado con ejercer una acción social de responsabilidad contra el Consell en tanto que junta de accionistas, opción que solo podría desarrollar si llegan a gobernar y aún así, con dudas.
Un escenario judicial complejísimo y al que la Abogacía de la Generalitat tendrá que dedicar meses sino años. Pleitos tengas y los ganes.
que incredulos somos y estamos en el siglo xxI .muerto el mensajero de canal 9 muerta la rabia.hay pp para rato y por muchos siglos.
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