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VALENCIA. La incerteza jurídica, esa a la que aludía el Consell para justificar su negativa a volver a plantear el expediente de regulación de empleo anulado por la justicia, se va a adueñar de todo el proceso de cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Lo abrupto de la decisión tomada y la magnitud de la misma abre una etapa en la que la abogacía de la Generalitat tendrá que dedicarse a defenderse en los tribunales. 

Por lo pronto, desde el día en que el Consell acordó cerrar RTVV ya se han presentado denuncias contra el nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración por haberse alterado el procedimiento que marcaba la ley. El Gobierno de Alberto Fabra cambió con un decreto la norma que obligaba a que fueran Les Corts las que nombraran a los consejeros y procedió a sustituir a los cinco que habían dimitido. Ese nombramiento ha sido recurrido por la oposición.

También un partido de la oposición, en este caso el PSPV-PSOE, ha presentado una denuncia por el cierre ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que la decisión vulnera derechos fundamentales recogidos en textos legislativos de refencia, como L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Esa vía también se ha anunciado como posible para recurrir la decisión del cierre ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A estas denuncias se sumarán otras. El síndic del grupo Compromís, Enric Morera, anunció este miércoles durante el debate en Les Corts, que, de alcanzar el poder en la Generalitat promoverán una acción social de responsabilidad contra el Consell actual en su condición de junta de accionistas de RTVV por la decisión de cerrar la televisión y por las pérdidas y la deuda acumuladas. Morera ha advertido que incluso, aprovechando una sentencia reciente de un juzgado de Baleares, que reclamarán que paguen con su patrimonio el supuesto quebranto económico de la sociedad.

PLEITOS LABORALES

Pero la mayor presión judicial llegará por la parte de los trabajadores. El comité de empresa apuntó ya este miércoles que recurrirán por todas las vías posibles el despido colectivo que tendrá que aprobarse en los próximos días. La representación de la plantilla amenaza con denuncias como comité, pero también por parte de cada sindicato representado así como demandas individuales, una estrategia que ya siguieron con el ERE que fue anulado por el TSJCV.

Estas denuncias, en todo caso, llegarán de no alcanzarse un improbable acuerdo en la negociación del ERE de extinción. Antes podrían incluso llegar otras denuncias en el caso de que el proceso de liquidación no se haga de una forma ordenada y ajustada al Estatuto de los Trabajadores. 

Precisamente ese es un asunto clave en el proceso de apagado de la señal de RTVV. De momento no se sabe cuándo se apagará la señal. El Consell quiere que sea cuanto antes, pero la seguridad jurídica de las decisiones que se tomen será clave para acelerar ese proceso.

Por lo pronto, el Consell volvió a echar mano de una edición extraordinaria del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) para publicar la Ley 4/2013 de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana SAU.

Esta ley es la que se había aprobado a las 14:12 horas en Les Corts con los votos del Partido Popular. La norma, que implica el cierre de RTVV, entró en vigor a las 00:00 horas del jueves. A partir de ese momento el Consell debe reunirse para destituir al actual consejo de administración -que hasta entonces sigue en el cargo- y nombrar a los liquidadores.

Según fuentes oficiales, la intención del Consell es proceder al cierre de RTVV de la manera más rápida posible pero sin tomar decisiones que puedan ser recurridas judicialmente. Así, la abogacía sigue estudiando si el cierre de la emisión antes de que se apruebe el despido colectivo de toda la plantilla podría ser causa de una vulneración del derecho de los empleados a tener un puesto de trabajo efectivo, tal y como adelantó ValenciaPlaza.com ayer.

Las mismas fuentes apuntan a que no es intención del Consell que RTVV vaya a negro en las próximas horas, si bien señalan que en caso de producirse acontecimientos extraordinarios se tome otra decisión. En todo caso, la Abogacía explora alternativas para proceder al cese de las emisiones antes de despedir a la plantilla.

Esta opción es complicada, ya que una televisión no es una fábrica. La carga de trabajo existe siempre. La peculiaridad de este tipo de empresa así como su carácter público abre numerosas incertezas, más con la falta de precedentes en España del cierre de una televisión pública de la envergadura de Canal 9.

UN CIERRE TAMBIÉN DUDOSO

Pero hasta la propia decisión de cerrar RTVV tiene aristas judiciales. El catedrático de Derecho Laboral Carlos L. Alfonso en una entrevista en Nou Ràdio explicó este miércoles que la decisión de liquidar la sociedad por la anulación del ERE puede incurrir en un delito de represalia de una resolución judicial, lo que podría conculcar la ley. 

Todos estos procesos, y los que puedan surgir por los compromisos contractuales que tiene asumidos RTVV -desde compra de derechos hasta contratos de publicidad o de servicios a terceros- tendrán que resolverse. Las clausulas por incumplimientos o por resoluciones adelantadas -hay dudas de que no haya que indemnizar a la productora que ganó el concurso de externalización de la programación pese a que no se había firmado el contrato- pueden ser origen de nuevos pleitos. 

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