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CASTELLÓN (EFE). Carlos Fabra ha sido durante décadas el rostro más visible y mediático de Castellón pero su poder, su bagaje político y su fama, de la que se jactaba, no le han librado de una condena judicial ni de que se le asocie, irremediablemente, a su polémico proyecto soñado: que su provincia tuviera un aeropuerto.

Tras haber sido presidente de la Diputación provincial durante dieciséis años y del PP de Castellón durante veintidós, Fabra ha sido condenado a cuatro años de prisión por delitos fiscales, poniendo fin así a un periplo judicial que ha durado cerca de diez años.

Nacido en Castellón de la Plana en 1946, Carlos Fabra estudió Derecho y pronto empezó a vincularse con la vida política, siguiendo así la tradición familiar: su padre y otros miembros de su familia fueron presidentes de la Diputación.

Desde que accedió a la presidencia de la institución provincial en 1995, su rostro empezó a ser conocido en toda la provincia, tanto por su forma de hacer política como por su personalidad.

Desde sus gafas de sol oscuras, que lleva siempre desde que de niño perdiera un ojo, el ya exlíder provincial del PP se ha convertido en un político conocido en toda España y uno de los cargos institucionales más mediáticos.

Hasta él mismo dijo en una ocasión: "Soy más famoso que José Tomás", haciendo gala no solo de su habitual locuacidad sino de su afición por los toros.

Carlos Fabra siempre se ha mostrado satisfecho de los "logros" que ha conseguido para su provincia; uno de los que más orgulloso se siente, como ha manifestado en diversas ocasiones, ha sido el Hospital Provincial y su remodelación, que lo han convertido en un centro de referencia de atención oncológica.

Ocupó el cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón en 1975, pero lo dejó de manera temporal para dedicarse de pleno a la política y lo ha retomado en la actualidad.

También presidió el Club de Golf de la Coma -otra de sus grandes aficiones- y la sociedad pública que promovió el aeropuerto de Castellón, Aerocas.

En este último cargo ha liderado el proyecto más emblemático y que más se asocia a su figura. Siempre defendió este proyecto como necesario para el futuro económico de la provincia, pero más de dos años después de su inauguración, y con él ya apartado de todo cargo político y público, todavía no se ha encontrado una vía para la puesta en marcha de la infraestructura.

Dejó en julio de 2012 su puesto al frente del PP de Castellón a Javier Moliner, quien también le había relevado en la Diputación un año antes.

El relevo se produjo después de que la oposición política pidiera reiteradamente la dimisión de Fabra tras haber sido imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, y los plenos de la Diputación se convirtieran en espectáculos retransmitidos por numerosos medios de comunicación, con intervenciones y réplicas más que subidas de tono.

Sin embargo él afirmó que dejar sus cargos era una decisión "personal" -que coincidió con un trasplante hepático en 2010- y explicó que renunciaba a ellos "tremendamente feliz" y sintiéndose apoyado por los ciudadanos en las urnas.

La tradición familiar de los Fabra queda ahora en manos de Andrea, la única de sus hijas que decidió dedicarse a la política y que es ahora diputada en el Congreso.

El periplo judicial de Fabra comenzó en 2003, cuando su, hasta entonces, amigo y empresario Vicente Vilar le denunció y le acusó de haber mediado en distintas instituciones públicas para favorecer la concesión de las licencias para los productos fitosanitarios que comercializaba en su empresa Naranjax y de haber obtenido dinero a cambio.

La instrucción del proceso ha durado nueve años y diez meses y ha desembocado en una investigación fiscal.

Resueltos los múltiples recursos, tras el paso de nueve jueces por los juzgados de Nules y con la imputación de otras cuatro personas, entre ellas la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el juicio se celebró finalmente en octubre de este año.

Durante las diez sesiones desfilaron por la Audiencia Provincial más de 50 testigos y peritos y ahora la Sección Primera ha emitido su sentencia: le ha absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias pero le condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad por esos cuatro delitos.