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VALENCIA (EFE/VP). La instrucción del caso Emarsa, por la que se investiga un "agujero" económico que podría rondar los 40 millones de euros en la gestión de la depuradora valenciana de Pinedo, atisba su fin tres años después del inicio de una investigación judicial tan exhaustiva como repleta de confesiones y tramas empresariales. 

Según las fuentes jurídicas consultadas, la trama corrupta que investiga en exclusiva el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia operó de 2004 a 2010 en torno a dos grandes "negocios": el mantenimiento de la citada planta depuradora, la mayor de la Comunitat Valenciana, y la gestión del material de deshecho, los lodos.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), de la Generalitat, incrementó las aportaciones que realizaba a la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo -Emarsa- de ocho millones de euros en 2004 a cantidades que superaron los 20 millones en los años sucesivos, coincidiendo con la llegada de Esteban Cuesta a la gerencia de Emarsa.

Tres cuartas partes de esas cantidades se destinaban a "costes de explotación" e incluían conceptos como pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.

Aunque las fuentes consultadas consideran probable que existiese "mordida" por estos conceptos al menos desde 2002, la ejecución de obras y proyectos reales, a diferencia de lo que sucedió en años posteriores, hace imposible determinarlo.

Las acusaciones, en esta parte del "negocio", se fundamentan en un supuesto concierto entre Enrique Crespo (expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación), Esteban Cuesta (exgerente), Enrique Arnal (ex director financiero) y los ex altos cargos de la EPSAR José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer para fijar la financiación que la Generalitat debía aportar a Emarsa.

Para el desvío de fondos en las labores de mantenimiento y obras menores habría resultado necesaria la participación del exjefe de informática de Emarsa Sebastián García "Chanín" y de Daniel Calzada, conocido de Cuesta por su militancia en el PP que empezó a trabajar para la depuradora a la semana de llegar el exgerente.

Supuestamente, las empresas interpuestas de "Chanín" facturaron a Emarsa por obras y servicios inexistentes y repartieron dinero "líquido" entre los implicados.

Para ello, "Chanín" pudo haber implicado a varios testaferros a quienes puso al frente de supuestas empresas de construcción y generó facturaciones "íntegramente falsas", según las mismas fuentes, como las de Construcciones Rocafort en 2005 y 2006.

A través de estos contratos de mantenimiento, informática, regalos y otros conceptos similares se pudieron distraer entre 7 y 9 millones de euros entre 2004 y 2010.

Dos de los principales protagonistas de esta trama han reconocido su participación en la trama corrupta, aunque "Chanín" aguantó seis largas sesiones de declaración y Cuesta nueve, hasta que las partes empezaron a preguntarle por su pareja, una supuesta traductora rumana con la que convivía.

Igual de imprescindible es Jorge Ignacio Roca -actualmente en paradero desconocido- para entender la "otra parte del negocio", la más jugosa (lodos), ya que se estima que pudo generar un "agujero" superior a los trece millones de euros.

En torno a Roca se construyó toda una "superestructura empresarial a través de la que se facturó por 45 euros (tratamiento por tonelada de fango) lo que costaba por menos de 18 antes de su llegada", indican las mismas fuentes.

La llegada a Valencia de este empresario catalán, que se llevó "el contrato del siglo sin expediente alguno de contratación", sigue siendo una incógnita aunque se sabe que personal de una de las empresas de la causa tuvo vínculos personales y profesionales con Morenilla cuando era jefe de una planta depuradora en Igualada (Barcelona), y que esos vínculos se mantuvieron cuando llegó a la EPSAR como jefe de explotación.

Directivos de esa misma firma tuvieron relación con Bernácer cuando éste trabajaba en Egevasa (empresa de la Diputación de Valencia).

Las fuentes jurídicas y conocedoras del caso consultadas han apuntado la posibilidad de que, siguiendo la cadena de mandos en Egevasa o la Conselleria de Infraestructuras, las indagaciones hubiesen llevado a la figura de un aforado, cuya hipotética responsabilidad se hubiese extinguido ya al haber fallecido.