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VALENCIA. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó este pasado miércoles un auto de imputación de la totalidad de los miembros del consejo de administración de Banco de Valencia por un supuesto delito de falsedad contable. En el auto también se imputa al socio de Deloitte que firmó la auditoría del año 2009. 

En concreto, el juez que instruye las distintas denuncias que se han presentado por la crisis de la histórica entidad financiera, hoy absorbida por CaixaBank, apunta sus sospechas a los distintos procesos de refinanciación de préstamos que realizó Banco de Valencia y sus efectos sobre la cuetna de resutados. 

Según el auto, en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado "se mencionanl numerosas deficiencias en la gestión del crédito y, particularmente, la toma de decisiones sobre financiaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisones de 177 millones de euros".

Esta afirmación supone que al no hacer las provisiones que obligaba la legislación por los créditos impagados, el banco podía presentar unos beneficios que en realidad no tenía.

Para aclarar toda esta descuadre, el juez ha optado por llamar a declarar en calidad de imputados a todos los miembros del consejo de administración de Banco de Valencia antes de ser intervenido. Así, por la Audiencia Nacional tendrán que pasar el expresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Domingo Parra, y todos los consejeros: Manuel Olmos, Agnès Noguera, Celestino Aznar, Jose Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luos de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz. Federico Michavila y Miguel Monferrer.

EXPLICACIONES AL BANCO DE ESPAÑA

Además de pedir explicaciones a los consejeros del banco, que entonces estaba controlado accionarialmente por Bancaja, el juez también requerirá al Banco de España para que explique qué medidas tomó durante sus inspecciones, así como los escritos y requerimientos que envió y que no constan en la documentación de que dispone.