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VALENCIA (EP). La exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha manifestado que la orden que dictó el Ministerio en su etapa al frente de esa cartera y que declaró "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (Pepri) en el barrio del Cabanyal de Valencia "no fue una decisión personal", sino basada "en un montón de informes".

González-Sinde ha realizado estas declaraciones en Valencia --donde ha acudido para presentar su libro 'El buen hijo', finalista del Premio Planeta-- al ser preguntada por los medios por su valoración del acuerdo al que han llegado las administraciones central y valenciana sobre el plan urbanístico en el Cabanyal-Canyamelar.

Dicho pacto supone que el Gobierno desiste del recurso de inconstitucionalidad que presentó bajo mandato socialista contra la Ley 2/2010 de 31 de marzo, que la Generalitat Valenciana dictó a su vez tras la aprobación de la orden firmada por Sinde que paralizó el Pepri del Cabanyal, y por tanto, los derribos previstos en él.

A partir de aquí, el Ejecutivo autonómico derogará esa ley de manera que solo quedará en vigor la orden ministerial, sobre la cual las diferentes administraciones trabajarán para intentar "adaptarla y reinterpretarla" con el fin de llevar a cabo las obras "con todos los valores los históricos" del barrio, según explicó recientemente la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Interrogada por este tema, la guionista y novelista ha subrayado: "Yo tuve una responsabilidad en el Ministerio de Cultura en el que había un mandato judicial de pronunciarse sobre algo que exigía un juez; pedimos unos informes a distintas instituciones y expertos y el Ministerio se pronunció; esa fue una etapa de mi vida y yo ya no tengo esa responsabilidad, ahora hay otras personas que toman las decisiones que consideran convenientes".

A lo que ha agregado: "Soy una ciudadana particular y común y mi opinión personal al respecto es muy irrelevante".

No obstante, cuando se le ha insistido en si se sentiría "orgullosa" de que la orden que firmó pudiera "salvar" el barrio de los derribos, ha considerado que "lo que hay que entender es que la decisión no fue personal, sino según un montón de informes solicitados por el Ministerio que en aquel momento dirigía y, de acuerdo a esos informes, se tomó esa decisión de declaración de expolio".

"UN BIEN PARA TODOS"

Seguidamente, ha reconocido que, "como ciudadana", es "partidaria de la conservación del patrimonio". "Creo que económicamente puede ser rentable y es un bien para todos; pero esa es mi opinión personal, que ahora no cuenta para nada ni va a ningún sitio; son los valencianos, las instituciones y quienes ahora están a cargo los que obrarán según consideren", ha aseverado.

Por último, y cuando se le ha planteado si considera que la Generalitat Valenciana da "un paso atrás" al derogar su norma, ha reiterado que no tiene "ninguna opinión" sobre eso y ha puntualizado que no ha seguido "al detalle" las informaciones sobre el procedimiento jurídico anunciado.