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VALENCIA. Una legislatura tardaría la Generalitat en amortizar el gasto que supondría cambiar L'Estatut para reducir el número de diputados de los 99 actuales a 79. Y eso en el mejor de los casos. La medida, aprobada por el Consell y que debe ser debatida y aprobada en Les Corts y después votada en referéndum, se propuso por el ejecutivo de Alberto Fabra como una medida de ahorro y austeridad reclamada por la ciudadanía. Sin embargo, ese ahorro le saldría carísmo al erario público. 

Según los datos que constan en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el asunto, el ahorro estimado por la Generalitat  se situaría en unos 352.800 euros por financiación de partidos políticos y a los que habría que añadir 255.725,80 euros por cada proceso electoral en concepto de "subvenciones por gastos electorales". En total, algo más de 608.000 euros.

El problema es que para aprobar esa reducción de diputados es necesario modificar L'Estatut, y desde la última reforma aprobada en 2006, cualquier cambio sustancial, y este lo es, tiene que aprobarse en un referéndum. Así, según el informe del CJC, la consulta tendría un coste mínimo de 2,2 millones de euros siempre que se aprovechara un proceso electoral ya existente y que esté a cargo de la administración del Estado. El coste del referéndum se elevaría a siete millones de euros si no se produce ese caso. 

En resumen, que para poder ahorrar ese 0,6 millones hay que gastar, al menos, casi cuatro veces más. Es por eso que el CJC no lo ve nada claro y en su resolución le pide al Consell que aporte un informe más motivado sobre las razones económicas para plantear un cambio que, además, supone modificar leyes fundamentales.

Un aspecto este último que el CJC también critica. De hecho señala que el aumento de 79 a 99 diputados se produjo con la reforma estatutaria introduciendo la cifra en el articulado de L'Estatut, cuando antes solo había una horquilla de entre 79 y 99 y dejaba la cifra final para la ley electoral. El organo consultivo apunta, de hecho, que de volver a cambiarse, se opte por poner en la carta magna de los valencianos una cifra mínima y se traslade de nuevo a la legistlación electoral la cifra final, de forma que si hay que cambiarlo no sea necesario otro referéndum.

Los datos que aporta el CJC desvelan además un hecho relevante: o la propuesta se saca adelante antes de las elecciones Europeas, previstas para mayo de 2014, y se puede aprovechar esa cita para consultar a los valencianos sobre la modifciación del número de diputados de Les Corts o a las Elecciones Autonómicas de mayo de 2015 no se llegará con el cambio hecho. A no ser que el Consell quiera gastarse siete millones de euros en un plan que no ahorra ni uno.