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VALENCIA (EFE). El Gobierno valenciano no se plantea la posibilidad de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que permita su mantenimiento por la "incertidumbre jurídica" que se genera tras la anulación del anterior.

Así lo ha afirmado el vicepresidente del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, donde ha señalado que en esta incertidumbre coinciden tanto la Abogacía de la Generalitat como Garrigues, empresa asesora en el proceso del ERE.

El pleno ha aprobado el criterio favorable a la proposición de ley del PP que contempla la disolución y liquidación de esta empresa, que está previsto que se apruebe en el pleno de Les Corts del 27 de noviembre, y en el que, según Císcar, no se no recoge el coste del cierre de la radiotelevisión pública.

No obstante, se ha mostrado convencido que no será "alto", pues se trata de una empresa nueva que no tiene deudas, más allá de las indemnizaciones laborales y a las empresas adjudicatarias de parte de la programación, a las que, según ha dicho, hay "dudas" de que haya que indemnizar ya que los contratos no se han firmado.

Císcar ha destacado que la aprobación de esta ley no tiene por qué implicar automáticamente el cese de las emisiones; ha defendido que existen medios de comunicación autonómicos, comarcales y locales que emiten en valenciano, y ha dicho que no han valorado ceder un canal de los dejados por RTVV a la Generalitat de Cataluña.