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VALENCIA (EP). El Gobierno valenciano todavía no tiene fecha para cortar las emisiones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y ha asegurado que escuchará pero no negociará con el comité de empresa de la sociedad, según ha explicado este viernes el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, en la rueda de prensa posterior al pleno.
Ciscar, preguntado por los próximos pasos para cerrar RTVV y las emisiones, ha asegurado que en estos momentos no hay fecha prevista para cortar las emisiones, y ha puntualizado que se hará todo "dentro de la más absoluta legalidad", de acuerdo con lo que "marquen" los servicios jurídicos de la Generalitat.
Tras la petición del comité de empresa de mantener una reunión con el Consell, el también conseller de Presidencia ha comentado que "el lunes o martes" de la próxima semana se pondrá una fecha para el encuentro, que tratarán de que sea antes del 27 de noviembre, día en que se debatirá en las Corts la proposición de ley presentada por el PP que autoriza al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVV. También ha indicado que "en función de la agenda" pondrán fecha para otra reunión con la Unió de Periodistes.
José Císcar ha asegurado que "la negociación ya se produjo" y, por lo tanto, ha indicado que en estas reuniones "han pedido hablar y los vamos a escuchar, pero no estamos hablando de negociaciones".
En cuanto a las indemnizaciones que recibirán los empleados, ha explicado que los 45 días por año trabajado de los que habló el pasado viernes son "en un escenario de máximos", pero que tendrá que determinarse en el momento de la negociación. Ha avanzado que se harán "los ajustes presupuestarios o las modificaciones necesarias" para tenerlas "a la mayor brevedad posible".
"NO VAMOS A CORRER EL RIESGO DE UN NUEVO ERE"
Respecto a si podrían plantear un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para evitar así el cierre de RTVV, ha explicado que uno nuevo "generaría muchísima incertidumbre jurídica", porque "nada nos garantiza que no vuelva a ser impugnado y vuelva a tener los mismos problemas". "No vamos a correr el riesgo de un nuevo ERE que se pueda anular", ha apostillado.
José Císcar ha insistido en que "el escenario en el que era posible RTVV era con el ERE, pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no admite ese panorama". Al respecto, ha indicado que en 2009 la sociedad pública costaba "40 euros a cada valenciano", mientras que con el ERE previsto "iba a costar 15".
Sin embargo, "esta situación se ha venido abajo", y ha resaltado que la "prioridad" del Ejecutivo de Alberto Fabra son "los servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales". En otro momento, ha subrayado que desde la Generalitat "ni nos planteamos una privatización, ni una refundación, ni un nuevo modelo vía gestión privada".
"EL TC DEBERÍA DARNOS LA RAZÓN"
Inquirido por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSPV contra el cierre de RTVV, ha recordado que el Estatuto de Autonomía señala que la Generalitat "podrá tener medios de comunicación públicos, pero no dice que deberá" tenerlos. Por ello, entiende que "como no es un servicio que con carácter obligatorio se tenga que prestar, no estamos haciendo nada ilegal", por lo que "el Tribunal Constitucional (TC) debería darnos la razón".
Preguntado por si en el caso de tener mejor financiación, se hubiera podido mantener RTVV, ha explicado que "es una cuestión para la reflexión". Ha indicado que no es posible saberlo, aunque ha destacado que "desde luego estaríamos en mejor situación".
El conseller, quien ha señalado que no han mantenido nuevos contactos con la Generalitat catalana para la emisión de TV3 en la Comunitat, ha asegurado que en la Comunitat Valenciana hay medios autonómicos, comarcales y locales con parte de su programación en valenciano.
CRITERIO FAVORABLE
Por otro lado, ha informado que el Consell ha acordado manifestar a las Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el grupo parlamentario popular de disolución y liquidación de RTVV.
Este criterio favorable cuenta con el respaldo de un informe de la Abogacía de la Generalitat y de otro informe de la Intervención General de la Generalitat. El Gobierno valenciano apoya la toma en consideración de esta proposición de ley, ya que, según destaca, los argumentos en los que se sustenta persiguen "la protección del interés general de todos los valencianos y valencianas", así como "garantizar el mantenimiento de servicios básicos".
Subraya que el coste de personal que genera el mantenimiento de la plantilla "sobredimensionada", unido a los de funcionamiento de la sociedad, "suponen un elevado nivel de gastos que la Generalitat no puede asumir en unos momentos en los que la escasez de recursos económicos y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".
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