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La propuesta que Alberto Fabra asumirá como propia para una nueva financiación autonómica incluye la recentralización en el Estado de competencias autonómicas y la desaparición de organismos estatutarios 

VALENCIA (J. CLEMENTE). Lejos de acudir a un nuevo escenario acorde con la evolución de la España autonómica, el informe que presentaron este martes los expertos designados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para la elaboración de una propuesta de un sistema de financiación autonómica, aboga por un viejo conocido de la época de la transición: el café para todos. Y, eso sí, la cafetera la pone el Gobierno central.

No podía ser de otra forma dado el perfil de los miembros de la comisión de economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunitat Valenciana (ACC). Cinco economistas de talante abiertamente liberal -en el sentido académico del término- partidarios de cuanto menos gobierno mejor y poco amigos de las comunidades autónomas: José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde. Economistas cuyo prestigio se adquirió en una época muy distinta a la de la España actual y cuyo pensamiento político está anclado en la Transición en el mejor de los casos. 

Aunque su diagnóstico coincide con el que han elaborado ya otros expertos para distintas instituciones, la forma de abordar la infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana dista de la que propusieron los economistas designados por Les Corts y que obedecían a un consenso de los cuatro grupos parlamentarios.

Si en aquel informe se llegaba a plantear incluso la posibilidad de buscar un concierto al estilo del que persigue Cataluña, a imagen de los que disfrutan el País Vasco y Navarra, en el informe de ACC se plantea justamente todo lo contrario: tratar de acabar con los privilegios forales, calificados incluso por Tamames como "casi paraísos fiscales". 

La cuestión es que el informe del ACC, que Fabra aseguró que defenderá como propio, no incluye solo variables económicas. De hecho, es una declaración política en toda regla que tiene como bases principales la idea de que las autonomías deben limitar su acción a una mera prestación de los servicios básicos casi en calidad de intermediarios del Gobierno central.

Así, la propuesta de los expertos del ACC se centra no en las balanzas fiscales -uno de los principales debates entre las comunidades que aportan y las que reciben del sistema de forma neta- sino en un "equilibrio macroeconómico de la totalidad de los gastos de las comunidades autónomas con los ingresos tributarios del sistema". Y a partir de ahí, fijar un coste modelo de las prestaciones de los servicios públicos (educación, sanidad) a nivel nacional y aplicarlo a tanto por habitante.

Ese total debe ser financiado al 100% por el sistema de financiación -en la Comunitat Valenciana ahora el sistema no cubre ni el 70% de la sanidad, por ejemplo- ya que, apunta el informe, es al fin y al cabo lo que tendría que pagar el Estado si se devolvieran las competencias desde una región que las tenga transferidas.

DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS

Aunque el modelo propuesto introduce criterios de corresponsabilidad fiscal -todo lo que no sea un servicio público esencial y, por tanto, financiado por el sistema, deberá pagarse con impuestos propios de cada comunidad autónoma- lo cierto es que en el discurso de la propuesta se apuntan a importantes controles del Gobierno central sobre el gasto. 

Pero lo más llamativo, y lo que marca el espíritu de la propuesta, es el punto en el que esta comisión económica del ACC destaca que, en caso de no recibir la financiación adecuada, las comunidades deberían devolver al Estado las competencias. 

"La Comunitat Valenciana debe analizar, de mantenerse el actual modelo de financiación, que el importe tan elevado de los gastos financieros exige generar superávit para reducir la deuda pública. A lo cual se resiste la rigidez de los gastos de servicios sociales para ser minorados y el poco peso relativo del resto de los gastos. Todo lo cual genera dudas sobre la viabilidad financiera de la Comunitat Valenciana a medio y largo plazo debiéndose a tales efectos valorar la conveniencia de devolver competencias al Estado propiciando así un escenario económico menos gravoso para sus ciudadanos", dice literalmente el informe.

Esta opción implicaría un reconocimiento de que el autogobierno valenciano, reconocido en leyes fundamentales como la Constitución y el Estatut, se subroga a la voluntad del Gobierno central de financiarlo y a la consecuente renuncia de la Generalitat a ejercerlo si no tiene ese dinero.

ASUNCIÓN DE DEUDA POR EL ESTADO A CAMBIO DE CONTROL 

Encarna esa visión del autogobierno con algunas de las propuestas concretas que el informe del ACC apunta y que tienen más que ver con el recorte del gasto -y del autogobierno- que con la mejora de la financiación.

Así, por ejemplo, la propuesta aboga porque el Gobierno central asuma toda la deuda acumulada por las autonomías durante estos años, una medida que sería extraordinariamente positiva para que la Comunitat Valenciana no tuviera que pagar tantos intereses por los créditos. A cambio el informe considera que las autonomías debería quedarse sin la opción de emitir deuda futura e incluso no tener déficit nunca, limitando la capacidad financiera de los ejecutivos autonómicos.

Pero los expertos del ACC van más allá y se plantean cuestiones políticas: la imposición del copago "como elemento disuasorio", la supresión de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y ONG, la eliminación de agencias, fundaciones y empresas públicas... Políticas de recortes que, incluso, se adentran en territorios definidos por el Estatut o leyes que emanan de él (o de leyes similares de otras regiones).

Se recomienda, por ejemplo, la supresión de los consejos económicos y sociales, de los consejos sectoriales, de las representaciones exteriores de las comunidades autónomas, reducir "a la mitad, al menos", el número de parlamentarios autonómicos, el de ayuntamientos de 8.120 actuales "a no más de un millar", recortar el número de consejerías, los tribunales regionales de defensa de la compentencia, de las juntas de contratación, de los observatorios "que hay para cualquier cosa" -no se autocitan como órgano consultivo- las agencias autonómicas de evaluación del profesorado, de la televisiones autonómicas... Así hasta limitar al Consejo de Estado el alto asesoramiento institucional tanto del Gobierno como de las autonomías.

RECENTRALIZAR LAS COMPETENCIAS

Toda una batería de propuestas que, más allá de la austeridad, incluyen posicionamientos políticos centralistas, como la mención especial que se hizo por parte de Tamames a la necesidad de crear, de nuevo, una Agencia Nacional de Salud que coordine la sanidad en todas las autonomías. Una recentralización que recorre el conjunto de una propuesta que Fabra considera base para su negociación con el Gobierno central.

El presidente de la Generalitat dijo hace dos años que rechazaba cualquier posibilidad de devolver competencias pese a que las cuentas del Consell se resentían por todas partes. Dos años después, con una autonomía intervenida y a expensas de la asistencia financiera en vena que le proporciona el Gobierno, el presidente se agarra a las ideas de los viejos liberales que bebieron -para bien y para mal- de las aguas del antiguo régimen. 

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