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VALENCIA. La dimisión este miércoles de la directora general y presidenta del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Rosa Vidal, ha provocado un vacío de poder en la empresa pública que gestiona la televisión y la radio públlicas valencianas. Vidal, que ya había anunciado su intención de no participar del cierre de Canal 9 anunciado por el Consell el martes, presentó su dimisión este miércoles por la tarde, desencadenando un caos jurídico para el que la Generalitat busca, todavía sin éxito, una salida.
Desde la tarde del martes, los trabajadores de RTVV han tomado el control de las emisiones. La programación de Nou, Nou 24 y Nou Ràdio se han convertido en monográficos contra la decisión del Consell de cerrar definitivamente la televisión, con duras críticas a la Generalitat y al Partido Popular. Esta situación, que generó malestar en la calle Cavallers, se agravó con la dimisión a mitad de tarde de la directora general y todo su equipo. Un abandono que pilló desprevenido en la forma y las consecuencias al Palau de la Generalitat y despertó grandes suspicacias sobre el mismo.
La renuncia ha sumido a RTVV, como sociedad anónima, en un laberinto administrativo. Según los estatutos de RTVV, cuando dimite la directora general es el presidente del consejo de administración quien asume el cargo. El problema es que Vidal ocupaba ambos puestos, un supuesto que los estatutos propios no recogen, por lo que la empresa pública debe acogerse a la ley de sociedades anónimas.
Esta legislación indica que el propio consejo de administración es el que debe nombrar al nuevo presidente, lo que, por los estatutos de RTVV, implicaba nombrar al director general. Con cuatro consejeros nombrados por el PP (el puesto de Vidal quedaba vacante) y otros cuatro por la oposición, el Consell corría el riesgo de perder el control.
Pese a que la Generalitat es el accionista único, la particularidad de RTVV impide que se nombre a los consejeros, ya que esta tarea está encomendada a Les Corts. Así, el Consell estaba atado legalmente de pies y manos para imponer a un nuevo director general que tratase de frenar las protestas en antena de los trabajadores.
FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
Con este vacío de poder, la Generalitat se puso a estudiar las fórmulas para acelerar el cierre de RTVV, la única medida con la que puede poner fin al caos originado por su propia improvisación. Inicialmente el Consell pretendía seguir el trámite parlamentario ordinario para derogar la ley de la radiotelevisión autonómica, lo que supone de facto el cierre de la empresa.
Sin embargo, para derogar una ley es necesario primero que un grupo parlamentario o varios diputados presenten una proposición de ley y que esta se debata en pleno. Este proceso implica al menos dos sesiones plenarias de Les Corts y un acuerdo del propio Consell. Con el calendario ajustado por el debate de presupuestos, el parlamento valenciano necesitaría al menos de dos semanas para poderlo sacar adelante.
Hay una vía que permitiría acelerar ese proceso, y es la lectura única. Esta fórmula, que se puede utilizar para casos extraordinarios, reduciría a la mitad el tiempo, al poderse adoptar en una única sesión plenaria de Les Corts. En ambos casos, el Consell tendría que asumir el coste de tener una RTVV sin dirección por un periodo de tiempo insoportable para su imagen.
La opción más drástica, que permitiría incluso cerrar RTVV en 24 horas es el decreto ley. Esta vía supone que el Consell aprobaría la derogación de la ley y, tras publicarla en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) entraría en vigor. Les Corts debería ratificar el decreto ley posteriormente. El problema es que el decreto ley es una fórmula que está limitada en su uso. Su aplicación en temas que afecten a derechos fundamentales puede ser objeto de impugnación. El derecho a la información, que podría vulnerarse por el cierre de un medio de comunicación, podría encajar en este supuesto.
Todas estas opciones están siendo valoradas. Según las fuentes consultadas por ValenciaPlaza.com, el Consell busca la opción "más rápida pero jurídicamente segura" para cerrar RTVV cuanto antes. Los servicios legales de la Generalitat trataban este miércoles de encontrar la adecuada. Cualquier error podría provocar la impugnación judicial y, como ha ocurrido con el despido colectivo, el ERE, podría ser anulada por los tribunales.
Incluso se estaba barajando la viabilidad de nombrar a los cinco consejeros que ahora están vacantes y retomar el control de la televisión y la radio autonómicas.
Sin embargo, el hecho de que el nombramiento sea potestad de Les Corts y que necesite una mayoría reforzada al menos en primera instancia, alargaría en el tiempo igualmente el proceso de cierre.
EL BLINDAJE DE LA INDEPENDENCIA DE RTVV
Uno de los valores en favor de la independencia que garantizaba la nueva ley de los que presumió el Partido Popular en su día fue el blindaje político que tendría la persona que ocupara la dirección general de la empresa. Una vez elegida, por tres cuartas parte de la cámara en primera votación o por la mitad más uno de los votos en segunda, su mandato duraría seis años, para que no se circunscribiera a un mandato político.
Además, para ser destituida tanto la directora general como los miembros del consejo de administración sería necesario el acuerdo del Consell como junta general sólo en el caso de que en la liquidación del presupuesto anual de Radiotelevisión Valenciana, SA se constataran causas económica concretas.
Estas serían registrar un déficit con una desviación igual o superior al 7% de la compensación otorgada para la prestación del servicio público o por "la existencia de una desviación presupuestaria por exceso igual o superior al 10% de las cifras aprobadas para el total de las dotaciones, tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital, excluidos del cómputo del primero los impuestos y los resultados, y del segundo la variación del capital circulante".
Ninguna de las dos condiciones se dan, por lo que no sería posible acogerse a ellas, por lo que el Consell no puede imponer a un administrador únicos hasta el momento de la constitución de un nuevo Consejo de Administración elegido por Les Corts y nombrado por el Ejecutivo valenciano.
La 2ª idea que no he conseguido transmitirle es que, en mi opinión, el revuelo mediático no viene de que se trate de unos inexistentes “funcionarios”, ni tampoco de un inexistente “servicio público” cultural y educativo (en ambos casos esa inexistencia es probablemente contraria a las leyes, y se ha tolerado desde la creación de RTVV). El origen del revuelo está la importancia de los medios de comunicación y en que entre compañeros de los distintos medios de comunicación, públicos y privados, la situación se recibe con mayor preocupación, y pensando “cuando las barbas de tu vecino…”.
Sra. de las Llamas: parece no haber leído mi comentario. Nadie duda de que haya que trabajar, rendir cuentas de lo trabajado, exigir responsabiliades y sancionar. Lo que intento transmitirle es que entre los empleados de Canal9, pese a que se trate en muchos casos de un servicio público, no hay funcionarios. Son empleados laborales sujetos al Estatuto de los Trabajadores, a los que se puede despedir con mayor libertad procedimental, y, contraviniendo las leyes contratar arbitrariamente, como ha sido el caso. Y, precisamente por esto (despido y contratación “libres”), se les puede coaccionar más fácilmente, y hacerles incumplir el ordenamiento jurídico, como llevamos casi 30 años sufriendo en un régimen de “realidad inventada” propio de totalitarismos.
En mi opinión, y por desgracia, es el cierre de otra más de tantas, el cierre de todas las empresas y la pérdida de todos los puestos de trabajo deberían ser igual de importantes. Lo que me indigna es que se le dé mayor importancia a este cierre que a otros. Nadie duda que la gestión empresarial no haya sido la más correcta, a la vista está, pero yo también opino que este cierre es el menos perjudicial para los valencianos. Sr. PPerplejo a mi no es que me guste el despido libre a mi lo que me gusta es que la gente se gane su derecho al trabajo y su derecho a mantener el trabajo y el problema con los funcionarios es que se creen que por haber aprobado las oposiciones ya no tienen nada más que hacer. Sr. Carlos Marco en mi opinión si alguien de Crevillent quiere saber que ha pasado en Benicarló lo verá en los periódicos o en Internet, ahora usted me dirá que hay muchas personas mayores que no tienen Internet a lo que yo le contesto que, en esos casos, ya estarán acostumbrados ya que RTVV sólo hace 24 años que existe. Sobre los de que los niños puedan ver los dibujos en valenciano… no creo que ese chiquillo vaya a tener ningún trauma si tiene que verlos en castellano, o si?? De todas formas no se preocupen, no serán los únicos que se queden sin televisión pública, tiempo al tiempo.
Estimada Chica en llamas, el drama del cierre de RTVV no es solo la pérdida de empleo de sus trabajadores. Signiofica además la muerte del sector audiovisual en Valencia y, sobretodo, la desaparición del único medio audiovisual en valenciano. Lavadoras hay muchas. Teles en valenciano y para valencianos, no. Cómo se entera uno de Crevillent de lo que sucede en Benicarló? Por Tele 5? Dónde pueden los niños ver los dibujos en valenciano? En Clan?
Sra. de la Llamas: Corporativismo:sí, quizá, pero el periodístico, el de los compañeros de profesión de los medios de comunicación. Funcionarios: ninguno, todos empleados laborales, de los que se dice que se puede contratar y despedir libremente como les gusta pedir a los que escriben cosas como Vd. Cuando ciudadanos y autoridades recuerden que las leyes obligan y reservan a funcionarios las funciones públicas, est epaís mejorará. Pero es muco más fácil contratar a dóciles afines, y alimentar la ignorancia de las masas.
Chica en llamas, muy sencillo. Es una televisión que representa a la Comunitat, da visibilidad a muchos pueblos y a muchas de sus tradiciones que de otra forma sería imposible. RTVV era en su mayor parte una basura, una basura controlada por los de siempre (los de arriba, me da igual el color) y que por sus desmanes la han dejado en una situación insostenible y en vez de intentar llegar a un acuerdo y hacer de RTVV una tele sostenible (lo estaba siendo en estos meses) dan carpetazo, demostrando falta de planificación y profesionalidad. La papelta que le queda al Consell ahora mismo es bonica, pero eso sí una papeleta totalmente merecida.
Els valencians veiem Canal Nou a nivell nacional.
Por más vueltas que le doy no comprendo porque se le está dando tanta importancia a que cierre una televisión, que ni si quiera se ve a nivel nacional, después de las miles de empresas que han cerrado a lo largo de la crisis, ahh! claro! será porque los que se quedan en paro son funcionarios, no? Me parece injusto que se le de más importancia a este cierre que, por ejemplo, a Fagor que por desgracia también le quedan pocos días.
La falta de autoridad del Gobierno Valenciano ya no solo se evidencia en Madrid; a la continua concatenación de decisiones improvisadas y caóticas (con y sin el asesoramiento de consultoras y despachos de abogados), muchas veces provocadas por el falseamiento de la realidad que ellos mismos crean, se suma su falta de autoridad moral: son la causa del problema, no admiten ninguna responsabilidad, continúan los mismos en el mismo privilegiado estatus, no se han regenerado, pero no dejan de pedir sacrificios a ciudadanos y trabajadores.
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