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La nueva legislación permite deducciones y exenciones sobre los beneficios del proyecto para los inversores que permanezcan más de 10 años

VALENCIA (A. MOHORTE). La investigación también puede ser emprendedurismo. Éste es uno de los aspectos que recoge la nueva Ley de Emprendedores, de la que también pueden beneficiarse aquellos científicos que quieran hacer de su actividad una empresa.

Como señala Pablo Cubel, socio del área mercantil de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, los cambios legislativos más interesantes para los investigadores que quieran captar inversores aprovechando esta ley son los incentivos fiscales tanto para quien confía en el proyecto y entra en su accionariado, como para los propios gestores.

La nueva ley de emprendedores permite exenciones de hasta 400.000 euros para los beneficios obtenidos en proyectos empresariales orientados hacia la investigación, a condición de que la persona o la empresa que participe en esta microempresa deberá permanecer en ella un mínimo de 10 a 12 años.

BENEFICIO PARA EL INVERSOR Y EL GESTOR

"Este aspecto es especialmente relevante para dotar de financiación al proyecto, teniendo en cuenta lo complicadas que están las condiciones de crédito para proyectos empresariales, y casi de cualquier otro tipo, por parte de las entidades", advierte Cubel.

Por otra parte, la norma incluye la posibilidad de beneficiarse de deducciones sobre la cantidad invertida en I+D, no sólo en el ejercicio actual, sino en los futuros, aunque esta opción tiene que ser a costa de renunciar al 20% de esa deducción en el corto plazo.

También es reseñable, entre otras medidas, la gestión de IVA que caja que permite la norma. En concreto, se trata de ir pagando este impuesto a medida que se cobra de los clientes, pese a que esto lleva aparejado no poder cobrarlo por las operaciones realizadas con los proveedores.

Menos específicos para los investigadores, pero también interesantes en algunos casos son las posibilidades que se ofrecen desde el punto de vista mercantil para poner en marcha la futura compañía. Entre ellas, se crea la figura del empresario de responsabilidad limitada, muy adecuada para el investigador o postgrado que se ponga también la chaqueta de empresario, según Cubel.

VENTAJAS MERCANTILES

"La idea es buena porque permite sustraer la vivienda habitual de las responsabilidades que se derivarían de un fracaso empresarial", señala el socio del área mercantil de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Sin embargo, si se opta por constituir una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal (SL) también se consigue esta ventaja, previa inscripción de la vivienda en el registro.

La norma incluye también modificaciones para las denominadas micro SL. Así, el micro empresario que no disponga de una excesiva liquidez en el momento de constituir la empresa, puede optar por constituir una SL de formación sucesiva.

De este modo, los 3.000 euros mínimos necesarios para el capital social se puede ir incorporando progresivamente. Esta fórmula no evita la responsabilidad sobre esta cantidad total, pero permite no tener que destinar estos recursos a cubrir este aspecto desde el primer momento.

Otro aspecto mercantil importante es la opción que permite a las empresas que quieran presentarse a un concurso público en una unión temporal de empresas (UTE) para que no tengan que hacer escritura pública de ella (con el gasto de notario que requiere) a no ser que se consiga la adjudicación.

CUESTIÓN DE EMPLEO

La última gran línea a desarrollar por los investigadores con la nueva ley de emprendedores pasa por la de materia laboral. En concreto, se trata de pequeñas modificaciones para atraer el talento y a los inversores, como apunta Cubel.

Entre otros aspectos prácticos, se pueden acortar plazos para la concesión de visados y también su ampliación hasta un año para inversores y emprendedores que saquen adelante su negocio en España.

En materia de cotizaciones, se reducen para quienes quieran desarrollar un proyecto empresarial, pese a estar ejerciendo otro empleo por cuenta ajena. Igualmente, se aligeran las obligaciones del plan de riesgos laborales para empresas de menos de 25 trabajadores, lo que permite reducir la burocracia y los costes de la empresa.