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VALENCIA. La Comunitat era una lancha rápida de la inversión en la segunda mitad de la pasada década. La estrategia era colocar el nombre de la ciudad en el mapa de referentes turísticos internacionales. Con este propósito, el endeudamiento creció exponencialmente, en los estertores del sistema de cajas de ahorro en la región. Y, como ‘agente naranja' de todo este sepultado escenario financiero, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, orquestando grandes proyectos.

El diario El País publica este jueves 31 de octubre los detalles del que hubiera sido ‘El último pelotazo Gürtel en Valencia'. Orange Market proyectó el Campeonato del Mundo de Lanchas Rápidas Clase 1 para la ciudad de Alicante. Su celebración estaba prevista para junio de 2009, pero en febrero del mismo año el juez Baltasara Garzón dio el conocido golpe sobre la mesa con una gran operación policial.

El apoyo público de Generalitat, con Francisco Camps al frente, y del Ayuntamiento de Alicante se diluyó y el proyecto desapareció del cuadrante de grandes proyectos sin dejar rastro. Como era habitual en todos los grandes eventos orquestados por Orange Market durante los años anteriores a la fecha, el evento iba rodeado de conciertos y eventos de entidad, capaces de atraer aún más público hasta alcanzar la cifra de afluencia esperada. La afluencia de público prevista era de 50.000 personas por día para una competición de 10 jornadas.

Lo costes -como apunta El País- de su organización y la producción hasta el inicio del año 2009 no se conocen. De lo que sí hay constancia es del informe de la Policía Judicial que registró el envío de documentación a través de fax por parte de Pablo Crespo a Francisco Correa. En esta información se incluían las disposiciones de la ciudad, las condiciones del mundial y un documento oficial de la Generalitat en el que mostraban su determinación para que se celebrase el campeonato.

Todos estos documentos -el origen de la información publicada hoy y que han salido del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat- fueron encontrados en la casa de Correa en la urbanización Sotogrande en la población de San Roque, en Cádiz. Destaca, entre otros, el documento interno del Gobierno valenciano con firma de Arantxa Vallés, gerente de la extinta Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana. Tanto la ex responsable como su marido, el exconseller de Sanidad Manuel Cervera, han sido imputados durante este año 2013.