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El Consell logra que el Ministerio de Hacienda le dé luz verde para ser el primero del PP en aplicar una tasa a las entidades financieras que el Gobierno recurrió en Cataluña y Asturias 

VALENCIA (J CLEMENTE/ X. AGUAR). Tras no pocos sinsabores en los dos últimos años, el Gobierno valenciano presidido por Alberto Fabra tomó este miércoles la delantera con una decisión de repercusión nacional que, posiblemente, es la más importante en el ámbito financiero que ha adoptado en toda la legislatura.

La relación entre el Consell y el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro no está siendo fácil. De hecho, la mayoría de pulsos entre el Gobierno autonómico y el responsable nacional han sido frustrantes para el Ejecutivo de Fabra. El retraso en la rerforma del sistema financiación, la cifra del déficit, la caída de inversiones o la oposición del ministro a la reforma estatutaria, han sido algunas de las zancadillas con las que el Consell ha tropezado en los últimos dos años.

Sin embargo, el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, anunció este miércoles la implantación de un impuesto a las entidades financieras que, por primera vez en mucho tiempo, sitúa a la Comunitat Valenciana a la cabeza -en lo que a regiones gobernadas por el PP se refiere- de las novedades en las iniciativas dirigidas al aumento de ingresos.

Hasta ahora este gravamen lo habían aplicado comundidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias y Extremadura, donde lo fijó Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2002) o por partidos nacionalistas (Cataluña y Canarias). De hecho, el Gobierno del Partido Popular había presentado recursos de inconstitucionalidad contra ese impuesto y creó uno idéntico de carácter nacional al 0% para evitar que las comunidades autónomas pudieran implantarlo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó recientemente que las comunidades sí tenían derecho a aplicar ese gravamen, en contra de la opinón de Cristobal Montoro. Eso ha llevado al ministerio a replantearse la situación y está estudiando el nuevo escenario, según explicaron oficiales del departamento de Montoro a ValenciaPlaza.com.  

Según ha podido saber este periódico la decisión de implantar el polémico impuesto no se toma por parte de la Generalitat a la ligera. Moragues ha negociado con Montoro la inclusión en las cuentas de 2014. Aunque no hay una confirmación oficial, lo cierto es que el ministerio ha dado luz verde a la Generalitat para hacerlo. La razón es que la intención del ministro es, una vez completos los informes y ante la decisión del Constitucional, abrir la puerta a convertir la tasa a los depósitos bancarios en un impuesto cuya aplicación que quede en manos de las autonomías.

Así, la Generalitat será la primera autonomía del PP que lo ponga en marcha. Moragues insistió este miércoles en que la aplicación definitiva con la consiguiente recaudación está condiconada a esperar a ver si el Gobierno recurre la norma, como ha hecho con otras autonomías, o no. Todo apunta a que no lo hará.

La necesidad de la Comunitat Valenciana de innovar en la búsqueda de recursos con el grave problema de infrafinanciación que arrastra, convierten esta iniciativa en una de las propuestas más interesantes que el Consell ha puesto en marcha en todo el mandato de Fabra.

PREVISIÓN DE RECAUDAR 230 MILLONES DE EUROS

La Generalitat espera obtener un ingreso de 230 millones de euros por el impuesto a entidades financieras recogido en sus Presupuestos para 2014, establecido para compensar en parte la reducción en 305 millones del sistema de financiación.

Moragues señaló que el Gobierno valenciano "se ha visto obligado" a establecer este impuesto, que tiene como sujeto pasivo a las entidades bancarias y sobre el que existe la "prohibición legal de repercutir a los clientes".

El impuesto tendrá en cuenta que las entidades tengan la sede social y el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana, el número de sucursales y las oficinas implantadas en las poblaciones pequeñas. También se considerará que la repercusión para cooperativas de crédito y cajas rurales es "muy diferente" a las grandes entidades nacionales y, por ello, tiene que haber una proporcionalidad para no provocar "una penalización" según el principio de justicia tributaria.

Moragues, que ya se ha reunido con las entidades financieras para anunciar la implantación del impuesto, reconoció que la decisión "no ha provocado satisfacción" en el sector.