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VALENCIA (EP). El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha remitido a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, un cuestionario con una docena de preguntas referidas al proyecto de almacenamiento de gas Castor y a los movimientos sísmicos registrados en algunos puntos de la provincia de Castellón, según se ha dado a conocer durante el pleno de este lunes del organismo consultivo.

En el cuestionario, elaborado por la Comisión de Ciencias del CVC, se plantean cosas como "quién pagará Castor si no prospera el proyecto", "si es verdad que el Estado ha avalado su financiación", "qué responsabilidades alcanzan al Estado en un fallo del proyecto para la devolución de esos préstamos", "si hay estudios geológicos previos, con qué resultado y, si los hay, cómo es posible que se vuelvan a reiterar tras los seísmos".

Igualmente, se interroga a la representante del Ejecutivo central sobre "cuántos metros cúbicos albergará Castor en total, a qué presión en bares, cuántos m3 se han inyectado hasta la fecha, cuánto han costado, quién ha abonado ese precio --la empresa o Enagás--, cómo se amortizará Castor según el contrato y los años y reintegros anuales".

DEMASIADO "TÉCNICAS"

El secretario del CVC, Jesús Huguet, ha comentado a Martín Quirós, presidente de la Comisión de Ciencias y redactor de las preguntas, que la delegada ha aceptado comparecer ante la entidad para hablar sobre la cuestión --en principio su visita está prevista para el próximo 6 de noviembre, han precisado fuentes del organismo-- aunque ha comentado por vía telefónica que algunas de las cuestiones propuestas son "demasiado técnicas".

A finales del pasado mes de septiembre, se registraron una serie de microseísmos en el norte de Castellón y en el sur de Tarragona pese a que la inyección de gas se había paralizado.

La semana pasada, el pleno de las Corts Valencianes aprobó por unanimidad una propuesta en la que pide al Gobierno central el cierre "definitivo y permanente" del almacén de gas submarino Castor, así como su posterior desmantelamiento, porque considera que su puesta en funcionamiento "no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no se vuelvan a reproducir terremotos, ni se puede garantizar la seguridad ciudadana".