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VALENCIA. Los cambios bruscos en la normativa de la energía renovable llevados a cabo por el Gobierno empiezan a volverse en contra. Hasta el momento, los pequeños inversores en energías solares eran los que se habían manifestado, sin embargo las grandes multinacionales empiezan a jugar sus bazas. Los cambios retroactivos en las plantas, la introducción de nuevos impuestos, los sucesivos recortes a las primas y la eliminación del sistema de tribución que recoge la reforma energética han provocado su malestar.

Este viernes, se sabía que Abengoa había decidido plantear una batalla legal por la rebaja de las primas a la generación de energía termosolar aprobada por el Gobierno dentro de su reforma eléctrica. Pero el grupo sevillano no sólo ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles, sino que también ha planteado un arbitraje internacional con una demanda en la que acusa al Gobierno español de haber efectuado una expropiación. 

Ahora ha sido el grupo Mitsubishi, que aterrizó en España en 2009 de la mano de Acciona en el negocio termosolar, quien ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para presentar una demanda contra España por los sucesivos cambios, según explica Vozpópuli. 

Cuatrecasas y Mitshubisi estarían ahora decidiendo si plantean la demanda sólo antes los tribunales españoles o si también lo hacen por la vía del arbitraje internacional, la opción que ha tomado Abengoa,  invocando la Carta de la Energía, un tratado ratificado por una gran cantidad de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas de los países firmantes. 

El objetivo de Mitshubisi en España era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que la multinacional pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.

En el año 2009 el Gobierno Zapatero comenzó a aplicar medidas retroactivas de recorte de primas a las plantas fotovoltaicas para frenar la burbuja de este sector, que año tras año engordaba el déficit de tarifa. Llegó Rajoy al Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Energía, ha ido aplicando medidas que han cambiado las reglas de juego del sector renovables, lo que ha perjudicado a estas compañías.

Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Compañías como Mitsui, Itochu y JCG Corporation, respaldados a su vez por entidades financieras niponas como Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables, según el digital.