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VALENCIA. Los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT han solicitado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV), que afectó inicialmente a 1.198 trabajadores, al entender que no se siguieron criterios lógicos y que únicamente se basaba en una cuestión económica y "mercantilista"; mientras que la sociedad ha defendido que el mismo cumple con la legalidad y ha remarcado que "el principio que se rige en cualquier actividad empresarial es la continuidad de la empresa".

Así se han pronunciado las partes en la vista que se sigue por el ERE en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha comenzado sobre las 9.45 horas con las intervenciones de la letrada de CCOO, Rosa González; de UGT, Salvador Marco; de Intersindical, Rafa Martínez; y CGT, Jacinto Morano; y ha finalizado con el abogado de la sociedad, Fernando Crespo. Esta tarde continúa la vista con declaraciones de testigos y demandados. Una hora antes de comenzar el juicio, alrededor de un centenar de extrabajadores del ente se ha concentrado ante el tribunal para pedir "justicia".

Los sindicatos, que han destacado la "mala fe negocial" de las demandadas, han basado sus alegaciones en que el ERE responde "únicamente" a aspectos económicos y han denunciado los criterios que se siguieron para la selección de los afectados. Asimismo, han coincidido en que el inicio de proceso se basó en un informe elaborado por PriceWaterhouse Coopers que no estaba definido y cuyo borrador tampoco se trasladó a los representantes de los trabajadores.

Respecto a los primeros aspectos, desde CCOO, González ha criticado que hay inexistencia de causa económica. "Lo que existe es un fraude en justificación de la deuda de entidades a RTVV", ha dicho. Además, ha subrayado que la situación económica de la sociedad estuvo buscada "en buena parte" a propósito, "agravando la deuda al producirse condonaciones de deudas y cantidades pendientes de cobro".

Sobre el informe, los abogados de los sindicatos han denunciado que no se concretan los costes que supondrían la externalización de los servicios que, por otra parte, es la solución planteada y por la que se justifican los despidos. "La parte primordial de los despidos es el abaratamiento que supone la externacionalización", ha indicado González, quien ha insistido en que sobre el coste y personal de este aspecto "no se dice nada en el informe", y en que tampoco se indicó que el ERE no iba a afectar a los centros que tiene la sociedad en Madrid y Barcelona.

RETRASO "INACEPTABLE" EN LA NOTIFICACIÓN

González también ha aludido al retraso "inaceptable" en la notificación de los despidos: "se fueron escalonando y comunicando progresivamente. La ley no establece plazo, pero humanamente no es aceptable que trabajadores en situación de incertidumbre tengan que esperar tanto tiempo para conocer la decisión final", y para ver si finalmente ha sido afectado por el ERE, ha dicho.

Asimismo, se ha centrado en los criterios de selección del ERE, que ha tachado de "arbitrarios" y que han causado "desigualdad". Al respecto, ha aclarado que no se siguieron los mismos aspectos para los despidos en el ente -considerada sociedad pública-- y en la radio y la televisión -consideradas sociedades mercantiles--. En cuanto al ente, se priorizó el hecho de haberse sacado la oposición, mientras que para la radio y la televisión no. El resultado es, a su juicio, "perverso".

Sobre los criterios, Rafa Martínez, de Intersindical Valenciana, ha insistido en que "no se han acreditado nunca la concurrencia de causas legales organizativas, productivas y técnicas", ha expuesto que el requisito de titulación específica para el puesto, homologable, "¿también se le tenía que pedir a personas con oposición y con más de 20 años de antigüedad en la casa? ¿Se tiene que demostrar que se tiene una titulación si se ha demostrado valía en una oposición pública", se ha preguntado.

Asimismo, se ha referido al tema de las excedencias y permisos que también se tuvieron en cuenta para ejecutar el ERE, y ha indicado que "a una persona que está 20 años en la empresa, nadie le dice que no se puede coger una baja de tres días por un constipado y que así podría perder su puesto de trabajo por un simple constipado". También ha destacado que el argumento de sobredimensionamiento de la plantilla aludido por la sociedad es algo que ya se producía durante muchos años "y la entidad siguió contratando en los últimos años".

Por otro lado, Marco, de UGT,  ha subrayado que para la tramitación del ERE la empresa no contempló el plan de igualdad. Asimismo, ha resaltado que el expediente ha afectado en mayor medida a las trabajadoras que a los trabajadores.

Por su parte, Morano, de CGT, ha subrayado que nos encontramos ante un despido "no ajustado a derecho", teniendo en cuenta el informe de PriceWaterhous y su causa económica. "La empresa --ha agregado--, lo que ha hecho durante un año y medio es despedir más o menos a quien le parecía oportuno porque no ha aportado baremaciones. Y eso es un despropósito, es un fin fraudulento que no puede ser amparado en derecho".

"SIEMPRE" AJUSTADO A DERECHO

Frente a estos argumentos, le ha tocado el turno al abogado de RTVV, Fernando Crespo, quien ha defendido que el expediente estuvo "siempre" ajustado "a derecho". También ha justificado el ERE en una "clara" situación económica negativa de la sociedad, y en un "galopante" endeudamiento unido a una disminución de presupuesto y de ingresos de la Generalitat valenciana. Además, ha aludido a una plantilla "sobredimensionada" y ha justificado la externalización de servicios como "medida correctora".

El abogado ha insistido en las causas económicas de la empresa: "la causa económica era tan profunda que sería una irresponsabilidad por parte del Consejo de Administración de RTVV no abordar la decisión dura que se adoptó. Cuando uno está en un Consejo, es para eso", ha dicho. En esta línea, ha insistido: "existía una clara situación económica negativa. Negarlo es poner en tela de juicio el planteamiento. Era tan clara la situación que no puede ser discutida. Los presupuestos se han reducido y no se puede mantener la estructura de costes".

Asimismo, respecto al supuesto sobredimensionamiento de la plantilla, el letrado, quien ha acusado a los sindicatos de "poner palos a las ruedas", ha comentado que RTVV cuenta en la actualidad con 676 puestos de trabajos, y se ha preguntado "¿cómo se puede hacer una televisión pública a fecha de hoy con 676 personas y hace un año requiriese 1.678 trabajadores?". Estas palabras han suscitado el malestar de los extrabajadores que siguen el juicio en una sala contigua al tribunal, quienes le han llamado 'sinvergüenza'.

Tras esta pregunta, el letrado ha continuado: "la causa organizativa es autónoma y no necesita la económica. Ahora se sigue haciendo esta televisión e, incluso, hace más directos", ha puntualizado, al tiempo que ha vuelto a preguntar: "¿Si en 1991 para hacer la televisión se necesitaban 679 trabajadores, por qué en 2011 hacían falta 1.678?".

Respecto a los criterios de selección, ha comentado que el tema de acceder a la sociedad con oposición no tiene por qué primar sobre el resto de contratados. Al respecto, ha explicado que la legislación española diferencia entre entes de derecho público y no menciona a las sociedades del sector público -como en este caso la radio y la televisión--, con lo que no es obligatorio seguir el criterio de la oposición en estos organismos, ha mantenido. También ha aclarado que nadie que haya tenido una excedencia familiar "ha sido penalizado" y ha negado la discriminación por sexo.