VALENCIA. La Comunitat Valenciana ingresaría unos 2.000 millones de euros más al año si redujese el nivel de fraude fiscal al nivel medio de los grandes países europeos, teniendo en cuenta que, además, el fraude laboral en esta comunidad afecta hasta 130.000 trabajadores, según el informe 'La economía sumergida en España' de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), el centro de pensamiento del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).
Un informe dirigido por Ramiro Martínez-Pardo, que ayer lo presentó personalmente en la Bolsa de Valencia, ante un nutrido público y compartiendo mesa con el presidente de la delegación del IEAF en Valencia, Alfonso Pérez Pretel, y la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), Isabel Giménez Zuriaga.
Según advirtió Martínez-Pardo, la economía sumergida en España es de entre el 18,6% y el 20% del PIB.
PUESTOS DE TRABAJO
Un porcentaje lejos de Austria, Holanda y Suiza donde es menor del 10%, de Francia y Reino Unido -en torno al 10%- y de Alemania -13%-, por lo que acercarla a estos niveles supondría ingresar entre 18.000 y 20.000 millones de euros anuales.
En el conjunto del Estado, el fraude en materia laboral equivaldría a por lo menos un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar, apuntó Martínez-Pardo, que atribuyó la economía sumergida al aumento de la carga fiscal; "su papel como válvula de escape en situaciones de recesión económica", y la falta de conciencia fiscal entre la ciudadanía, así como la sobrerregulación y la rigidez del mercado laboral.
AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD
En cuanto a las medidas a adoptar, consideró que las autoridades "podrían tener un cierto margen para actuar de forma más decidida" contra la economía no declarada en vista del apoyo ciudadano. Al mismo tiempo propuso aumentar la flexibilidad de la contratación y reforzar las figuras de empleo a tiempo parcial y la de aprendiz, así como revisar la regulación sobre salarios mínimos y las políticas activas de empleo.
Las propuestas fiscales pasan por simplificar las figuras impositivas; combatir los paraísos fiscales y potenciar las inspecciones en el ámbito de la investigación, además de abogar por una sensibilización fiscal de los ciudadanos.
Otro aspecto es el pequeño tamaño de la mayoría de las empresas españolas, considerado por la mayoría de estudios analizados por la FEF como una de las causas subyacentes de la economía no declarada.
CRECIMIENTO
De ahí que reclame establecer políticas que promuevan el crecimiento de las compañías.
Se trata del cuarto documento de trabajo que se presenta bajo este formato, cuya finalidad es la emisión de opinión y recomendación sobre temas de importancia y actualidad en el terreno económico social y financiero.
Un documento que ya se ha había presentado semanas antes en Canarias, Barcelona y Madrid, basado en la reunión celebrada el pasado mes de junio en la que se convocó a un selecto grupo de economistas, académicos y expertos a quienes se les hizo un planteamiento inicial sobre los principales temas de impacto, tanto para España como respecto a otros países europeos.
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