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El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia pide que se investigue si autorizó, junto al secretario, el acceso y escaneado de documentación de abogados contratados por la entidad profesional

VALENCIA (EFE). El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha imputado a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, y al secretario, Vicente Roglá, por revelación de secretos, para que se investigue si autorizaron el acceso y el escaneado de documentación de abogados contratados por la entidad profesional.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado el recurso presentado por dos abogados contra el auto dictado por la juez de Instrucción que acordó el sobreseimiento de la causa por no estar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

Tras esta resolución de la Audiencia, de fecha 4 de septiembre, la jueza de Instrucción ha reabierto la causa y tiene pendiente tomar declaración como imputados a Rosa Fuster y Vicente Roglá, lo que hará en diciembre, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La denuncia se basa en la actuación llevada a cabo por orden de los responsables del Colegio de Médicos en agosto de 2010, que dio lugar al acceso a los despachos que tenían cedidos los abogados, letrados de profesión y contratados por el Colegio para asesoramiento jurídico.

Según el auto, la jueza instructora recoge que se procedió a ocupar la documentación que había, que fue escaneada por una empresa de informática contratada por el Colegio y se accedió a los ordenadores de los abogados.

Además, se ubicó la documentación examinada en una sala, con el fin de hacer una reordenación del espacio físico del colegio y reubicar a los denunciantes en otra zona de las dependencias.

Posteriormente, la documentación ocupada y supuestamente escaneada fue entregada a los abogados. Además, la instructora reconoce que el encargo a la empresa de informática de la gestión de la documentación incluía el escaneo "sin que conste que dicha documentación haya salido del Colegio de Médicos".

En el recurso presentado por los letrados, se pide aclarar la justificación de una intromisión en el ámbito informático de quienes prestaban un servicio jurídico especializado en el colegio, "sin haber podido extraer previamente todo el material de carácter particular, privado o íntimo", además de obtener una explicación sobre el escaneado.

La Audiencia considera que no puede descartarse un eventual comportamiento ilícito de quien pudiera haber autorizado ese acceso, más allá de la competencia que le corresponde por su responsabilidad en el colegio, y por ello cree que es exigible una mayor investigación.

Señala que el tipo penal dedicado al delito de descubrimiento y revelación de secretos sería el aplicable a la redacción vigente hasta el 23 de diciembre de 2010, al tratarse de unos hechos ocurridos en agosto de ese año.

El Colegio de Abogados, por su parte, ha indicado a EFE que no se pronunciará sobre la reapertura de la causa y la imputación de Fuster y Roglá hasta que disponga de la resolución.