VALENCIA (EP). La presidenta del grupo socialista en las Corts, Ana Barceló, ha exigido este sábado al PPCV que "aclare hasta el último céntimo" gastado en la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2007, al tiempo que se ha preguntado "cuál hubiera sido el resultado electoral" en ambos comicios "si no hubiera contado con financiación irregular".
En un comunicado, la diputada ha asegurado que el PSPV pedirá explicaciones al PP "en todos aquellos municipios en los que organizó actos" en estas campañas electorales, que según ha indicado, "que fueron contratados por Orange Market y no están en la contabilidad del PP".
Así lo harán en Elda, Orihuela, Quart de Poblet, Silla, Sagunto, Cullera, Castellón, Vall d'Uixó, Xàtiva, Gandia y Vila-real, a través de los representantes del PSPV en esas poblaciones. Para la elección de los municipios se han basado en el informe de la Agencia Tributaria en el que aparecen estas poblaciones.
Barceló, que ha mantenido esta semana junto al secretario de Organización del PSPV, Alfred Boix, una reunión con los alcaldes y portavoces socialistas de las citadas poblaciones, ha anunciado que desde el PSPV harán "un seguimiento para que los dirigentes del PPCV den las explicaciones oportunas".
Por otra parte, respecto a la imputación del ex conseller de Sanidad, Manuel Cervera, por la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia a empresas de Gürtel, Barceló ha indicado que ahora ya saben "por qué dimitió como diputado en el Congreso", a lo que ha añadido: "esta es otra prueba más de que la corrupción era generalizada y se ha apoderado de toda la Generalitat".
"SE HA SALTADO LAS REGLAS"
Por ello, a su juicio, "no son tan importantes las cifras que alcanzan estos gastos electorales como aclarar el origen del dinero para costearlos" ya que, según ha revelado el informe de Hacienda, "el PP se ha saltado las reglas del juego democrático".
"El PPCV no ha reparado en convocar comidas y cenas en aquel período electoral que eran evidentemente un dispendio, cuando es conocido que no puede obtener ingresos a partir de las cuotas de los militantes, porque no las tiene, ni se conoce el número de militantes", ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha remitido un escrito a la Subdirección Técnica de Fiscalización de la Contabilidad de los partidos políticos del Tribunal de Cuentas para pedirle que abra una investigación de oficio sobre la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de 2007 y generales de 2008 del PPCV, según ha informado el partido en un comunicado.
Morera considera que "hay motivos suficientes para abrir una investigación de oficio por parte del Tribunal de Cuentas" dado que, de acuerdo con el artículo 134.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, le corresponde a la institución en el ejercicio de su función fiscalizadora "pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales y puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal al partido, federación, coalición o agrupación de que se trate".
DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES
Asimismo, el portavoz de la coalición también ha preguntado al Tribunal de Cuentas si "una vez finalizado el proceso judicial en el que se demuestre que dicha financiación ha sido irregular se van a emprender las acciones oportunas para resarcir al erario público de las subvenciones concedidas al PPCV con motivo de las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008".
En su escrito, argumenta que hay indicios razonables "para considerar que el presunto caso de financiación ilegal de las campañas electorales municipales 2007 y generales 2008" ha supuesto la "falsedad de la información contable enviada por este partido al Tribunal de Cuentas y, por tanto, un grave quebranto a las arcas públicas en forma de subvención electoral a la citada formación de dudosa legalidad".
Por ese motivo, el síndic de Compromís en las Corts ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra un informe interno para delimitar si las subvenciones electorales otorgadas al PPCV "se ajustaron a derecho" y, en caso de contemplar la irregularidad de la información presentada y el exceso de los gastos electorales, "se restituyan al erario público y se adopten las medidas legales y sancionadoras contempladas".
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