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MADRID (EFECOM). La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha asegurado hoy que el acuerdo de colaboración público-privada "no supone la privatización ni sustitución de los servicios públicos de empleo por agencias privadas de colocación".

En su comparecencia en la Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados, Hidalgo ha asegurado que ese acuerdo busca "potenciar las sinergias", "complementar su labor" y "agilizar los procesos de búsqueda de empleo".

La secretaria de Estado ha escuchado las críticas del diputado de ICV (Izquierda Plural) Joan Coscubiela y de la socialista Pilar Lucio ante lo que consideran la "privatización de las agencias de colocación" y una "clara estrategia de vaciar de contenido los servicios públicos de empleo".

Hidalgo ha respondido que la intención del Gobierno es "dar oportunidades a quienes buscan trabajo" y que, para ello, utilizará "todos los mecanismos posibles", ya sean servicios públicos o privados de empleo, y ha recordado que la ley que reguló el carácter privado de las agencias de colocación fue aprobada en diciembre de 2010 por el Gobierno socialista.

Hidalgo ha dicho que la partida destinada a su departamento en los presupuestos de 2014 "garantiza el pago de las prestaciones por desempleo".

Para Hidalgo, "estos presupuestos son el sosten y garantía para que los desempleados tengan la cobertura necesaria, independientemente del crédito presupuestado", porque las partidas que responden a las prestaciones por desempleo y subsidio son ampliables.

Así, ha indicado que el presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo asciende a 35.358 millones de euros (el 11,1 % más que en 2013), que en su mayor parte va destinado al Servicio Público de Empleo Estatal (33.916,8 millones) para financiar políticas activas de empleo y para el pago de prestaciones por desempleo.

El pago de las prestaciones por desempleo absorbe 29.429 millones, el 10,5 % más, si bien esta partida puede ser ampliable tal y como el Gobierno ha realizado en los presupuestos del año en curso.

Hidalgo ha recordado que el pasado 26 de julio aprobó por real decreto un suplemento de crédito para cubrir las necesidades objetivas del sistema, que elevó las cantidades a liquidar en este ejercicio hasta los 31.105 millones, si bien "estas previsiones en el momento actual se pueden situar en una cifra inferior a los 31.000 millones", ha apuntado.

A su juicio, estos presupuestos tienen seis grandes ejes: la orientación profesional, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el emprendimiento y la mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo.

Tras su intervención, Coscubiela ha considerado que son unos presupuestos "de ciencia ficción", que "carecen de cualquier credibilidad" y en los que "cualquier parecido entre lo que se ha producido y lo que se presupuestó es pura coincidencia".

A su juicio, estos presupuestos en realidad suponen una caída del 14 % respecto a los hoy aprobados y disponibles para el 2013, después de la ampliación aprobada el pasado mes de julio.

Pilar Lucio llamó la atención sobre las cifras que constatan que "los salarios siguen bajando, que suben los contratos a tiempo parcial y los contratos de formación, se estancan los indefinidos, y aumentan los autónomos", pero como forma de contratar con precariedad.

La diputada popular Carmen Álvarez-Arenas ha señalado que "hoy es el día del empleo decente", pero para que esto exista "lo primero que tiene que haber es empleo". "Lo más decente es que las personas tengan un empleo", ha recalcado.

También ha comparecido hoy en la Comisión el subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, que ha resaltado el "marcado carácter social" de los presupuestos, porque dedicarán más atención a los desempleados, a las políticas activas de empleo y permitirán "revalorizar las pensiones y atender a 100.000 pensionistas nuevos".

Además, Llorente hizo referencia a la subida del 1,6 % de la partida destinada a la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, que permitirá las plazas de 30 inspectores y 26 subinspectores más, de forma que se mantiene la excepción de la tasa de reposición en los cuerpos de funcionarios del sistema de inspección de Trabajo y Seguridad Social.