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VALENCIA. Podría ser perfectamente el guión de una de las temporadas de la serie televisiva norteamericana The Wire dedicada a las prácticas mercantiles más oscuras en el tráfico portuario. Y en este caso en concreto, las realizadas para excluir del siempre boyante negocio del transporte de contenedores a las empresas no pertenecientes a 'la comunidad'.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por importe superior a 43 millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores en el puerto de Valencia por alcanzar "acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes", desde 1998 y "al menos" hasta que se incoó el expediente en 2011.
NO ERES DE LOS NUESTROS
"O pasas por donde te decimos o te quedas fuera". El informe de la Comisión señala incluso, prácticas restricitvas a la entrada de camiones y empresas de transportes. La CNC informa en un comunicado que sanciona a la Asociación de Empresas de Logística y Transportes de Contenedores (AELTC) con 12,69 millones de euros, a la Asociación de Autopatronos del Transporte de Contenedores (Transcont) Comunidad Valenciana con 3,05 millones y a la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos (Transconval), con 9,91 millones de euros.
A su vez, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la logística (FVET) deberá pagar una multa de 200.000 euros; a la Asociación Naviera Valenciana (ANV) le impone una sanción de 3,3 millones; a la Asociación de 
Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados OLT (Ateia-OLT Valencia) de 13,14 millones; a TCV Stevedoring Company de 403.096 euros; a Noatum Ports Valenciana de 561.390 euros; a Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia de 252.318 euros, y a la Autoridad Portuaria, de 100.000 euros.
Del papel de la APV, Competencia señala que "participó junto con el resto de imputados en la adopción de acuerdos y compromisos" sobre el transporte de contenedores por carretera en el puerto de Valencia, relativos a la "fijación de precios y condiciones comerciales, la limitación o control de flotas y el reparto de mercado".
"PAPEL ACTIVO" DE LA CONSELLERIA
En cuanto a la Conselleria, apunta que "desempeñó un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios" y, además, "contribuyó considerablemente a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir grave y prolongadamente la competencia en el mercado".
Fuentes del CNC han explicado que no han multado a la Conselleria porque en otras ocasiones ha multado a administraciones y la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de esas sanciones y, "en este caso, el Consejo ha preferido ser prudente y esperar a que el Tribunal Supremo tenga una jurisprudencia firme sobre si se ha de multar a las administraciones".
Este proceso nace del expediente incoado por la Dirección de Investigación de la CNC en junio de 2011 contra esas asociaciones, la FVET, la APV y la Conselleria por prácticas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En junio de 2012, amplió ese expediente a las empresas concesionarias de terminales de depósito TCV, Marítima Valenciana y su sucesora, Noatum, y a MSCTV.
Competencia considera que las asociaciones del puerto de Valencia imputadas en este expediente han cometido una "infracción muy grave de las normas de competencia al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada".
Denuncia, en este sentido, que alcanzaron "acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte e incluso de las indemnizaciones por paradas", así como la "aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo".
"REPARTOS DEL MERCADO Y RESTRICCIONES DE LA OFERTA"
La CNC mantiene que, para conseguirlo, llevaron a cabo "repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto".
En cuanto a las tres concesionarias de terminales imputadas, les reprocha la "concertación" con las asociaciones de transportistas para "fijar el precio y las condiciones de su derecho a la indemnización por parada".
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