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VALENCIA (EP/VP). La interventora general del Estado encargada de las auditorías de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha constatado en el juzgado deficiencias o irregularidades en la gestión de este organismo, pero no ve indicios racionales de delito en la percepción de retribuciones complementarias de su presidente, Rafael Aznar, puesto que ya ha devuelto estas cantidades y no hay perjuicio económico, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

La interventora estaba citada este martes, a las 11.00 horas, para comparecer, en calidad de testigo, ante el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia en una causa abierta por presuntos delitos de malversación y prevaricación, donde están denunciados Aznar y otros tres altos cargos del puerto.

Esta es la primera declaración que practica el juzgado, después de que abriera diligencias de investigación el pasado mes de julio en base a una denuncia interpuesta por la Fiscalía, que a su vez tuvo origen con otra denuncia anónima.

Durante su declaración, la interventora ha ido explicando cada informe anual realizado sobre la APV, y ha indicado que en algunos ejercicios se han ido detectando deficiencias o irregularidades en la gestión. También ha comentado que se han ido subsanando en base a las recomendaciones que iba haciendo, han señalado las mismas fuentes.

Otra parte de la declaración se ha centrado en la gestión de la empresa Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A., participada, en su mayoría por la APV. Al respecto, en la denuncia que llegó al juzgado se expuso que tanto Aznar como otros dos altos cargos de la autoridad portuaria recibieron por sus trabajos en esta sociedad 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos.

Sobre este tema, la interventora ha afirmado que no ve indicios racionales de delito en la percepción de estas retribuciones complementarias indebidas porque no ha habido perjuicio económico, ya que los 77.000 euros han sido devueltos en un año, antes de presentarse la denuncia, tanto por parte de Aznar como de los otros dos altos cargos. Queda pendiente de cobro parte de lo que se abonó a otro trabajador de la firma. Estas cantidades fueron aprobadas por el Consejo de Administración y declaradas en Hacienda.

POSTURA DE AZNAR

Tras hacerse pública la denuncia de Fiscalía y la apertura de diligencias en el juzgado, Rafael Aznar se pronunció públicamente al respecto y se mostró "predispuesto" y "absolutamente dispuesto a dar todas las explicaciones" que fueran necesarias "para clarificar este asunto".

En esta línea, el presidente de la APV defendió sus "casi 40 años de servicio a la administración pública sin tacha", a la vez que consideró "grave" todo "lo que se está diciendo" en torno a este tema.